M. DARÍO CONTRERAS
Con la mayoría de los votos emitidos computados, se puede asegurar que el PLD ha de ser la fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional. El pueblo votante del pasado 16 de mayo le ha brindado al presidente Leonel Fernández y al partido en el poder, la oportunidad de gobernar sin las limitaciones de partidos opositores “poniéndosela difícil” en el Poder Legislativo. Como en toda contienda electoral, hay perdedores y ganadores. El gran ganador, por supuesto, es el doctor Fernández y, en menor medida, su partido. El gran perdedor es la llamada Gran Alianza Nacional (GANA) que, en un principio, se consideraba invencible.

Detrás de esta extraña alianza están, como grandes perdedores también, sus líderes partidarios, incluyendo los fantasmas que desde un segundo plano, o desde ultratumba, conformaron organizaciones que dejaron de ser atractivas para enfrentar los retos de los nuevos tiempos. Se avizora el ocaso de los dos partidos, que en su época fueron grandes, los cuales conformaron la también llamada Alianza Rosada, a menos que éstos se sometan a una profunda revisión y a la reestructuración de sus cuadros directivos, constituyendo el proceso de salvamento del PRSC mucho más difícil.

¿Significa esta victoria del PLD una última oportunidad para reivindicar el actual sistema político dominicano? ¿Se llevarán a cabo las reformas institucionales que hagan posible “un desarrollo institucionalmente democrático, económicamente sustentable y socialmente justo”? ¿Se enfrentará el Gobierno a los enquistados intereses que han colocado a nuestro país entre los más corruptos y desiguales? ¿Han de impulsarse aquellas reformas políticas que garanticen la continuidad del Estado, la transparencia y la rendición de cuentas en el accionar de los gobernantes? ¿Podremos presenciar una verdadera, sustantiva e integral reforma constitucional mediante la prometida Asamblea Constituyente, compuesta por respetados expertos y hombres de intachable virtud, prudencia y sapiencia, que incluya derechos y deberes de la segunda y tercera generación, como los económicos, sociales, de género y de medio ambiente? ¿Serán nuestros políticos capaces de disminuir a su mínima expresión el clientelismo y crear marcos legales adecuados que coloquen a los que ostentan cargos públicos en la posición de responder por el uso dado al manejo de los fondos puestos bajo su tutela? Estas y muchas otras preguntas deberán ser abordadas por los que a partir del 16 de agosto próximo controlarán dos de los tres poderes del Estado.

Por supuesto, todo proceso de reforma debe ser gradual y secuencial, planificado y ejecutado estratégicamente. Para lograr dichas reformas, habrá que saber conquistar, o vencer, a los adeptos y a los opositores. La oportunidad estará presente para encauzar el país por el camino del progreso y la modernización. El Presidente de la República posee una clara visión de futuro y lo sabe articular. Pero necesitará el apoyo de la población para vencer los obstáculos que se presentarán, puesto que toda reforma altera la composición del poder. De entrada, existe un gran acervo de propuestas de reformas, muchas de las cuales se remontan al primer mandato del Presidente Fernández con la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, incluyendo aquellas presentadas en el Diálogo Nacional. Estas propuestas cubren prácticamente todo el espectro del accionar del Estado, desde la Constitución de la República y la creación de un Poder Legislativo unicameral, hasta permitir el voto militar, la revocación del mandato a los funcionarios electos y la unificación de las elecciones en un mismo año.

Al mismo tiempo, que se dediquen esfuerzos para la institucionalización del sector público y se avanza en la consecución de un Estado de Derecho, el Gobierno tiene la ineludible responsabilidad de resolver los acuciantes problemas económicos y financieros que nos afectan, tanto por razones de carácter interno -quiebra de los bancos, por ejemplo- como por los efectos que nos vienen del exterior – competencias transnacionales y el alza de los combustibles, entre otros. Lo más delicado de todo este panorama será el cómo hacer que los que tienen mucho se desprendan de una parte de sus fortunas para invertirlos en la erradicación de la pobreza y la desigualdad social. Esto nos trae al tema de la gobernabilidad y el precio que debemos pagar para ser más justos en la distribución de nuestras riquezas. Ahí radica el verdadero meollo del asunto.

No es un secreto que los grandes capitales dominicanos controlan no sólo las instituciones financieras, sino también los principales medios de comunicación. ¿Habrá que recurrir a un Chávez para tratar de enderezar las cosas, o lo podremos hacer con nuestro imperfecto sistema democrático? El futuro de la democracia dominicana, así como de los partidos políticos, gira alrededor de la clase de respuesta que articulemos con relación a la inclusión de las grandes mayorías marginadas de nuestra sociedad. Quizás Chile nos pueda servir de ejemplo. No olvidemos, sin embargo, que este país ha gozado de 16 años de gobiernos conformados por una coalición de partidos y todavía tiene serios problemas de inequidad social.