¿Será el próximo período presidencial la última oportunidad que tendrán los partidos políticos tradicionales para reivindicar su compromiso con la sociedad dominicana, para transitar de una democracia de electores a una democracia participativa? ¿Veremos repetido el ciclo de promesas incumplidas, impunidades, clientelismo y abusos de poder?

Hacemos la pregunta ante un contexto electoral en el que las encuestas presagian la victoria del Partido de la Liberación Nacional (PLD), probablemente en la primera vuelta en las elecciones del próximo 16 de mayo. Resulta curioso que esta misma agrupación política fue la que en las dos últimas elecciones 2000 y 2002 fuera ampliamente repudiada por los mismos electores que últimamente indican una preferencia mayoritaria por el partido del candidato doctor Leonel Fernández, ex Presidente de la República en el período 1996 2000. Aún con la situación económica favorable que vivimos durante el gobierno del PLD, el pueblo decidió darle las espaldas a los que hoy nos prometen retomar el progreso económico que presidieron en la pasada década.

La derrota del PLD en el 2000 no se debió a un mal desempeño económico, que estos días se esgrime como la principal razón para repudiar el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Es más, nuestros votantes estarían dispuestos a soportar un gobierno autoritario si el mismo resuelve sus problemas económicos, como revelan los datos suministrados por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en su último estudio publicado con el nombre de La Democracia en América Latina: Hacia una Democracia de Ciudadanas y Ciudadanos, puesto en circulación el pasado 21 de abril en Lima, Perú.

¿Cuáles fueron las principales causas de las derrotas recientes del PLD? En nuestra opinión, fueron dos. En primer lugar, una lucha contra la corrupción que aunque inició con buenos augurios, pronto se tornó en mera retórica. Aunque se formó el Departamento de Prevención de la Corrupción en dicho gobierno, éste careció del apoyo necesario para cumplir con su misión. Se continuó con la nociva práctica de otorgar los contratos públicos para bienes y servicios en forma sesgada, desdeñando así las normas prudenciales que le imparten transparencia al manejo del erario público. Vale aclarar que en la República Dominicana, según el estudio antes citado, lo que más esperan los dominicanos de una reforma del Estado es que se ataque la corrupción.

La muy anunciada reforma del Estado por el PLD, que comenzó con muy buen pie al crearse la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado en el 1996 hoy bautizada como Consejo Nacional al cabo de un tiempo también sufrió por falta de falta de recursos y de apoyo político, a pesar de la serie de estudios y valiosos trabajos realizados durante los cuatro años del gobierno del PLD. Ojalá no se repita lo mismo en la próxima gestión del PLD si logra la victoria anunciada.

La otra gran causa de las recientes derrotas electorales del PLD ha sido lo que refleja la expresión puesta de moda en el pasado cuatrienio: «comesolos». Supuestamente, la percepción popular de que el PLD era un partido muy cerrado, tipo logia masónica, que no estaba sintonizado con el pueblo, ha cambiado, al convertirlo en un partido de masas, en lugar de uno de cuadros. De todos modos, para alcanzar el poder, el partido morado tendrá que contar con una mayoría de votos «prestados», así como lo hizo en el 1996. La verdadera apreciación de este hecho debiera impedir que los dirigentes del PLD se ensoberbecieran ante los reclamos de una población que se siente frustrada y vejada por la clase política. Una población que desea y añora justicia social, equidad y respeto como ciudadanos, participación en la toma de decisiones que los afectan, un Estado más eficaz y transparente, capaz de rendir cuentas a través de mecanismos institucionales, incluyendo una reforma constitucional que sea una especie de plebiscito nacional, así como también la aprobación y designación del Defensor del Pueblo.

El próximo gobierno dominicano tiene ante sí dos enormes retos: el primero es de carácter económico y el segundo, no menos importante, es fortalecer las bases para una democracia más participativa. Al mismo tiempo que se luche contra la pobreza, debe atacarse la gran desigualdad, tanto económica como social, que impera en nuestro país. Las reformas económicas no pueden sustraerse del problema de la gobernabilidad, la que, en última instancia, descansa en los hombros de un pueblo que ha sido tantas veces vilipendiado. El poder de atracción de nuestros partidos políticos descansa en el hecho de que la manera más expedita que tiene un dominicano para resolver sus apremios económicos, aparte de las drogas, es convertirse en parte del engranaje o en suplidor preferido de un gobierno de turno. La construcción de una democracia de ciudadanos implica compartir el poder. ¿Se dará verdadera participación a la ciudadanía, a través de mecanismos idóneos, para delegar y exigir cuentas a los gobernantes?