RAFAEL RASUK
r.rasuk@hoy.com.do
Las grandes inversiones públicas en nuestro país han estado marcadas, desde siempre, por la ausencia de institucionalidad y falta de una verdadera política de continuidad del Estado.

Proyectos y megaproyectos se dejan al abandono a pocos años de levantarse y ponerse en servicio, por mezquindades políticas o, como asevera un amigo, por las miserias humanas.

Otro elemento que ha caracterizado la construcción de ciertas obras estatales, aún fueren indispensables, es el rechazo que despierta en la población los cambios bruscos en la fisonomía de  ciudades y barrios, los hábitos y hasta ciertos apegos a tradiciones o por  apetencias personales.

Recuerdo que cuando Balaguer se embarcó en la osada pero visionaria tarea de construir la avenida 27 de Febrero, hubo una explosión de opiniones en contra. Era obligatorio eliminar tres o cuatro importantes tiendas que operaban en el empalme de la 30 de Marzo con San Martín, negocios que bloqueaban el proyecto.

Se tomó la corajuda decisión de romper y ¡ahí está la 27 de Febrero!

Si el Metro es o no el capricho de una persona, sólo el tiempo lo confirmará. Pero la obra, cuya millonaria inversión la hemos pagado y que cargaremos sobre los hombros todos los contribuyentes, no tiene retroceso.

Si este proyecto, al que se han destinado millones de pesos, dólares y euros ha sido festinado, algún día habremos de saberlo.

Se me ocurre, sin embargo, que para preservar la inversión se forme una especie de ‘patronato’ en cuya dirección estaría representado el sector público y privado, para administrar una presuntuosa obra que hay que resguardar, ocupe o no el doctor Fernández la más alta investidura del Estado.

Y no me refiero a un órgano que vigile su funcionamiento técnico, sino que constituya un verdadero muro contra cualquier asomo de indelicadeza o debilidad estatal.