El transportista Arsenio Quevedo recibió ayer un año de prisión preventiva, acusado por el Ministerio Público de homicidio, lavado de activos y asociación de malhechores. El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional Onorio Suzaña dictó la coerción y además, declaró el caso complejo.

Quevedo deberá cumplir la prisión en la cárcel de Higüey, provincia La Altagracia. También fue enviado a la misma prisión por igual tiempo Danilo Octavio Reynoso, acusado de ser un sicario a su servicio y del regidor Erickson de los Santos Solís, quien se encuentra encarcelado.

A su salida del tribunal, Quevedo reiteró que la acusación es una trama entre el procurador Francisco Domínguez y el diputado y empresario del transporte Juan Hubieres.

Mientras que la fiscal, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que la decisión es una medida pertinente por la gravedad de los hechos, para lo cual aseguró contar con suficientes pruebas.

Acusación. La fiscalía acusa a Quevedo y a Reynoso de ser autores intelectual y material de las muertes de Mateo Nieve de Jesús, Overnys Guerrero y Ángel Javier y de las heridas a Ramón Antonio Peña Beltré, Manuel Emilio Romero y Eddy Francisco Sánchez.

Quevedo es presidente de la Unión Nacional de Transportistas Unificados (Unatrafín) y Solís vicepresidente.

Las víctimas pertenecían a la Federación de Transportistas Peña Gómez (Fenatrapego), quienes se aliarían a la Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción, que dirige Hubieres.

Subsidio-botín. Quevedo es acusado del lavado de activos mediante el combustible subsidiado, por el que recibe 520,000 galones por mes. De este volumen, según el expediente, más del 68% no llega a los choferes, sino que es vendido mediante una red de la cual Solís es parte.

El Ministerio Público sostiene que las muertes y heridas a los sindicalistas obedecen a disputas por controlar corredores de tránsito, pues a mayor cantidad de rutas mayor subsidio.

Según la acusación, la práctica de asesinar a transportistas data de 2008, y Quevedo, “el cerebro y financiador de la red”, planificó ejecuciones que materializaba con Solís.

La fiscalía dice tener un legajo de 47 pruebas, incluidad llamadas entre Quevedo y Solís los días 14 y 17 de enero de 2015, cuando se cometieron los crímenes, mediante las cuales Solís supuestamente informaba sobre la ejecuciones.

Además, afirma que posee videos en los que se aprecia la participación de Reynoso y los sargentos de la Policía Amaury Cabrera (en prisión) y Félix Lora (prófugo) en la escena del crimen.

Igualm, documentos que demuestran que estos eran asalariados de Unatrafín; papeles bancarios que evidencian que Quevedo y Solís tienen grandes fortunas fruto del lavado. Asimismo, constancia de pago al abogado de Solís.

“Firmé sin saber”. Uno de los testimonios probatorios contra Quevedo es el interrogatorio de Reynoso, quien confesó su participación en un crimen ocurrido en la avenida Duarte.

El interrogatorio fue firmado por el abogado Santos Cepeda, quien ayer acudió al tribunal a manifestar que no sabía lo que firmaba.

Con esto la defensa de Quevedo pretendía anular esa prueba, alegó, además, que Reynoso fue torturado por la Policía para que implicara al presidente de Unatrafín.