Ministerio Público valora decisión judicial basada en la gravedad de los hechos y la contundencia de las pruebas presentadas

cogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso complejo y dictó doce meses de prisión preventiva para ocho de los diez imputados en la Operación Búfalo NK, acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana.

El juez Rigoberto Sena ordenó prisión preventiva para Rafael Ynoa Santana, alias «El Cojo», Isidoro Rotestan Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henrique Tavarez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.

Así mismo, tribunal dispuso, como medida cautelar, impedimento de salida y garantía económica para Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana quienes deberán pagar RD$500 mil y RD$200 mil, respectivamente.

El señalado cabecilla, Rafael Ynoa Santana, cumplirá la medida cautelar en la cárcel de La Romana, mientras que los demás imputados serán trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena y Emmanuel Ramírez, valoró la decisión del juez, destacando la gravedad de los delitos imputados y la contundencia de las pruebas que sustentan los roles de cada uno de los acusados.

Durante el conocimiento de la medida de coerción, tres de los imputados, incluyendo al señalado cabecilla Rafael Ynoa Santana, alias «El Cojo», junto a su pareja sentimental Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, admitieron su culpabilidad en los hechos que se les imputan.

En la instancia, que cuenta con más de 200 páginas, los fiscales detallaron que este caso presenta todas las características de un crimen organizado, involucrando delitos como lavado de activos y asociación de malhechores en una red criminal altamente estructurada.

Los imputados fueron arrestados durante un amplio operativo simultáneo por aire, mar y tierra, desplegado en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Dicho operativo fue ejecutado por el Ministerio Público y la DNCD, con el apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.

La solicitud de medida de coerción expone que los imputados trasladaban grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros. Las sustancias ingresaban a territorio dominicano y puertorriqueño, para ser redistribuidas hacia Estados Unidos y Europa, donde su valor se triplicaba, generando inmensas ganancias para la organización.