Un año de reforma procesal penal (1 de 2)

Un año de reforma procesal penal (1 de 2)

JUAN M. CASTILLO PANTALEÓN
El 27 de septiembre pasado se cumplió el primer año de vigencia plena de la ley No. 72-02 que crea el nuevo código procesal penal. En la ocasión, y como era de esperarse, los medios presentaron jolgorios y elogios mutuos de sus propulsores, quienes, en actos públicos y declaraciones, se felicitaron como madres convencidas de que en el mundo sólo hay un niño bonito.

Para tanta congratulación, sin embargo, hubo que ignorar deliberadamente los aciertos de quienes vaticinamos con antelación que con la llegada de la reforma se presenciaría un peligroso aumento en la criminalidad común, igual que como había ocurrido en otras naciones que habían implementado una reforma en exceso garantista, en la cual el imputado merece mayor protección que las víctimas.

Pasado por alto también, en los discursos, fue explicar por qué en este año hubo una verdadera explosión en las estadísticas de muertes en hechos violentos. Analizar por qué, desde que el porte ilegal de armas de fuego, los secuestros, el narcotráfico y los disparos al aire se benefician de la gracia de la fianza, no hay semana en la que se reseñen que las guerras de bandas y los ajustes de cuentas han multiplicado los secuestros y las balaceras con su secuela de niños muertos o discapacitados y personas heridas por balas perdidas.

Pero no hay por qué recriminar. Obviamente, en la alegría de las recepciones de conmemoración quizá no se respiró el aumento en la inseguridad personal que ha convertido las casas de las personas decentes en cárceles llenas de barrotes. Probablemente, entre copa y copa, tampoco los contertulios tuvieron ocasión de anotar como una contradicción a su logro reformador los planes de seguridad ciudadana que han requerido militarizar barrios completos.

Tampoco, entre tantas palmadas en los hombros, se comentaron las cantidades de linchamientos y actos de “justicia privada” que cotidianamente fueron reseñados en este año, porque de seguro éstos son datos marginales sin vinculación refleja de la percepción generalizada que, según las encuestas, reveló también en este mismo año que el 85% de la población no confía en la idoneidad de la justicia.

Por supuesto, en los discursos de celebración tampoco se mencionó que en este año no se ha visto la primera sentencia condenatoria en casos de corrupción instrumentados con la nueva normativa. Es que la culpa ahora es de los fiscales, se ha escuchado pontificar, seguido de la advertencia, ¡y mucho cuidado si se atreven a criticar los jueces!

Pero aunque parecen existir razones para tanta alegría, las preguntas surgen espontáneas: Si el Ministerio Público no estaba preparado, ¿para qué apresuraron la reforma? ¿Por qué precisamente es el propio Poder Judicial quien con más ardimiento ha defendido esa reforma? ¿Por qué se felicitan unos y otros? ¿Para qué el Ministerio Público ha tramitado y sigue tramitando expedientes que luego no puede tener listos en los nuevos brevísimos plazos de extinción que garantizan la impunidad? Si el nuevo procedimiento está tan lleno de tecnicismos que el Ministerio Público no puede satisfacer, ¿por qué tanto entusiasmo en ponderar sus supuestas ventajas? En verdad, nadie entiende por qué alguien gusta de amarrarse los zapatos entre sí para luego caer de bruces al intentar caminar.

Ahora bien, según la cúpula del Poder Judicial, la culpa de tanta impunidad secular ha sido el vetusto y desaparecido código anterior (la excusa anterior eran los jueces), aquel que ponía a cargo de los magistrados una responsabilidad cívica, consciente, honrosa y, en fin, pro activa en la búsqueda de la verdad. Ahora, lavarse las manos “porque las pruebas no son suficientes” o “porque el imputación no es precisa” vale excusa y todo arreglado.

Pero resulta que el material humano que compone la judicatura en los últimos 8 años es el mismo, y lo cierto es que tampoco, salvo las iniciativas del caso Orlando (que luego sobreseyó al acusado de mayor influencia económica y social) y las sentencias de primera instancia contra casos de corrupción de la gestión Jorge Blanco (posteriormente anuladas sistemáticamente una a una), no hay una sola sentencia que toque, ni de lejos, a responsables con niveles de influencia política, social y económica. Todo, con los jueces y el código anterior.

Pero se pregona que ahora se está mejor, y si no, pregunten a banqueros ladrones, funcionarios corruptos y grandes narcotraficantes.

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