El caso Paya, que hace un año conmovió al país con el asesinato de siete colombianos en un aparente tumbe propio del mundo del narcotráfico, luce empantanado entre los pliegues de los nuevos procedimientos penales. Hay quienes temen, sin embargo, que se trate de temores para abordar un caso que tiene como acusados a 15 civiles y a diez militares, en su mayoría oficiales de la Marina de Guerra. Todavía se  está a la espera de que la justicia conozca y decida si las pruebas aportadas contra los  imputados tienen  los méritos suficientes para ir a juicio de fondo.

A un año de la denominada Matanza de Paya, el proceso contra los 25 acusados de los hechos está a la espera de que la justicia conozca y decida si las pruebas aportadas contra los co imputados tienen  los méritos suficientes para ir a juicio de fondo.

Mientras los 22 que guardan prisión como medida cautelar ya han solicitado, aunque sin éxito,  la variación   por garantía económica y presentación periódica. Sus pretensiones han sucumbido ante los dos jueces de instrucción que  han conocido el caso bajo alegatos como: peligro de fuga, se trata de delincuencia organizada y por la pena que se les podría imponer. Este último aspecto ha sido considerado por  los  abogados  como pre juzgamiento.

En Instrucción desde mayo.  Desde el 15 de abril, fecha en que se presentó la acusación formal contra los co imputados en el  multitudinario proceso y de la que se excluyó al ex mayor (PN) Frederick Medina Abud, se han fijado  cuatro vistas, todas  aplazadas por incidentes de los abogados.

La primera audiencia se fijó para el 14 de mayo y se aplazó a fin de que el Ministerio Público notificara el acta acusatoria a una parte de los abogados que alegaron desconocerla.

En esa primera audiencia se iniciaron los intentos por parte del abogado de Andrés Berroa, doctor Tomás Castro, por recusar al juez de la instrucción de Peravia, Bartolomé Castillo, cosa que logró junto a los argumentos del grueso de los togados, el día 18 de junio, en la tercera audiencia, cuando el magistrado reconoció que había conocido un anticipo de pruebas a uno de los implicados. Antes se había suspendido la segunda vista del 4 de  junio porque tres abogados dijeron que desconocían que el caso había sido trasladado a San Cristóbal.  La última vista se suspendió por la ausencia de dos abogados.

Con nuevo juez

El 7 de julio pasado la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal designó al juez de paz interino de Nizao, Leonardo Antonio Cruz García, para seguir con el proceso. Este abrió su primera audiencia en el caso el pasado 24 de julio    y desde ya se rumora que los abogados también solicitarán su inhibición por hechos aún no precisados.

Todos inocentes

Desde su primera aparición frente a los medios, los 15 civiles y 10 militares envueltos en el caso han proclamado su inocencia. Algunos están convencidos de que saldrán en libertad en instrucción.

Las claves

Caso Complejo

La complejidad del caso también fue atacada por parte de los 36 abogados defensores de los co imputados. Sin embargo, esa calificación fue ratificada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, que encontró elementos suficientes para que le sea  mantenida.

CPP establece plazos

El Código Procesal Penal establece en su artículo 370 y siguientes que cuando un caso es complejo la prisión preventiva se extiende de un año  a un máximo de 18 meses y fija un plazo de cuatro años de duración para el desarrollo de todo   el  proceso judicial.