POR JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
Al concluir el primer año de la administración Leonel Fernández, como en la de otros Presidentes, suele hacerse un resumen económico de lo ejecutado: metas obtenidas y no logradas. Este tipo de evaluación está sometido a dos restricciones que a veces facilitan y a veces dificultan toda gestión pública: la situación económica internacional  y la estructura política  nacional e internacional.

La interrelación entre procesos económicos (mercados y ventajas comparativas) y procesos políticos (sistemas de jerarquización y de dominio social) es lugar común, implícito, de las ciencias sociales. Esta correlación sin embargo no ha sido históricamente la misma. Hay buenas razones para creer que estamos pasando de un tipo de interrelación a otra, algo que a la hora de evaluar un período de tiempo tan corto como un año no resulta fácil. Omitir este análisis puede ser en cambio indicio de  desidia, como decían los antiguos,  o pereza intelectual.

Tengo la impresión de que en República Dominicana  estamos pasando de un estado de la relación economía-política a otro aunque, como en el desarrollo de la personalidad, es imprescindible aceptar una continuidad esencial de la persona para saber distinguir etapas. Pocos son los científicos sociales que han sido capaces tanto de distinguir con claridad las distintas etapas como de identificar la fuerza motriz de ese proceso. Marx, sin duda, y Max Weber lo lograron sin decir con eso que su análisis fuese incompatible entre sí. Tal vez Schumpeter lo logró, al menos lo intentó. Menos verosímil me parece la candidatura de Keynes.

Por su escasez nos conviene presentar sus análisis de las relaciones entre economía y política a nivel general. Probablemente nos ofrecerán luz para analizar este año de gobierno. No me parece  verdadera hoy en día  la frase del poeta «un año había pasado y otro pasado había» como si todos los años fuesen de estructura social homogénea o al menos más parecidos entre sí que desiguales. Me inclino a pensar, en este año 2005, lo contrario.

RELACIONES ENTRE POLÍTICA Y ECONOMÍA VISTAS POR ECONOMISTAS.

1. Marx distingue  en un gigantesco esfuerzo holístico por entender el conjunto economía-derecho-moral-política varios «modos históricos de producción» donde cada uno nace del anterior en virtud de su propia dinámica que lleva a su sustitución por las contradicciones sociales que implica al ir desarrollándose: el método dialéctico.

El motor  de cada modo de producción está en la tecnología pero su modo propio de operar se centra en sus repercusiones sobre el lugar de trabajo y las relaciones interfamiliares por una parte y en la necesidad de adecuar el derecho y la organización política a la nueva realidad económica. El desarrollo manufacturero exigía locales mucho distintos del hogar donde el maestro, el oficial y los aprendices convivían con cierta aura de engañosa piedad. Las fábricas desligaron a los obreros de sus hogares y demandaron mano de obra de toda edad y de ambos sexos. Los gremios quedaron prácticamente suprimidos obligando a los maestros a entrar en un mercado de trabajo sometido a ciclos de empleo y desempleo (la oferta no estaba limitada por la demanda experimentada corrientemente) y amargados por la obsolescencia de habilidades en oficios aprendidos durante largos años aunque capacitados, por su experiencia de negociación con los patricios urbanos adquirida en el marco político de las ciudades del que eran parte activa, para ser  conductores y voceros de una ola de desempleados e inmigrantes rurales que buscaban trabajo y mejores condiciones de vida.

Las tradicionales y patriarcales  relaciones sociales de tipo familiar, económico y político fueron sustituidas por otras adaptadas a la nueva situación; cambió el derecho, nacieron los partidos y sindicatos, aumentó el ejercito industrial de reserva, y se solidificó el poder de los «hombres nuevos» fundado en el capital y la gran industria, alejado del de los nobles terratenientes y comerciales   y de reyes gobernantes por la gracia divina.

El último paso en la transición de un modo de producción capitalista a otro socialista, la expropiación revolucionaria de los antiguos expropiadores no resultó cómo  predijo Marx. No por esto podemos negar su notable poder de análisis dinámico de «lo social» (economía y política incluidas). Por lo menos tenemos que reconocer, como legado permanente de Marx la existencia de una estrecha vinculación de los procesos económicos y los políticos.

2. Max Weber atacó el problema que nos ocupa desde una perspectiva distinta de la tecnológica de los modos de producción de Marx. El eje principal de su estudio se centró en la evolución del proceso de «dominación»: aquella situación donde o por el peso de intereses de mercado o por el poder coactivo del Estado una «voluntad manifiesta (mandato) del o de los dominadores influye sobre los actos de otros (dominados) de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato».

Weber distingue en la secuencia de dominación sucesiva carismática, tradicional y legal y en cada una distingue las masas de los dominadores entendidos éstos como el conjunto minoritario de los «señores»  quines no reciben poder delegado de nadie, y el «aparato» o  séquito de personas interesadas directamente en el mantenimiento de la organización que ejecuta las decisiones de los jefes.

La dominación original es la carismática cuya legitimación  está centrada en la devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes mágicas, guerreras, intelectuales u oratorias poseídas en escala heroica.    El señor carismático se acredita por «milagros», victorias, éxitos y por el bienestar de su séquito. Si falla el éxito su dominio se tambalea. Por eso la dominación carismática es una relación social extraordinaria y puramente personal; dura generalmente y a lo sumo una generación. Con el fracaso del señor el aparato que lo rodeaba asume el poder de dominación que se legitima inicialmente por su carácter de herederos del carisma, continuadores de sus órdenes, y prontamente por el control de tierras y poblaciones en virtud de los privilegios ligados al séquito.

La nueva dominación, la tradicional, se legitima por la creencia en la santidad y ordenamientos existentes «desde siempre» aunque su origen es el carisma de alguien. Teóricamente al señor se le obedece por su dignidad propia, quienes obedecen son súbditos (familiares, amigos o vasallos), su aparato administrador está integrado por «servidores». En realidad la posición de poder económico fundamenta este tipo de dominación que con la difusión de la propiedad por herencia, violencia o urgencia de especialistas en áreas de economía o ingeniería (puentes, canales, finanzas)  pierde la base territorial o comercial de su poder y tiene que abrirse  a administradores expertos  por su competencia y no por vinculación personal con los señores.

A estos factores económicos se unen otros de tipo político-cultural-social como se evidenció en la Revolución Francesa. Los ciudadanos «comunes» luchan por sus derechos  económicos y políticos y rechazan mandatos legitimados por una tradición que ya no respetan. En adelante la nueva dominación es burocrática: los dominadores tienen que cumplir leyes y regulaciones públicas que en principio valen para todos los afectados: su legitimación viene dada por una regla estatuida en el marco de una competencia concreta, ambas fundadas en su utilidad objetiva y en exigencias profesionales, y su «aparato» está integrado por funcionarios con preparación profesional y condiciones de servicio basadas en un  contrato  con sueldo que depende no de la cantidad de trabajo sino del rango del cargo y con derecho de ascenso conforme a reglas fijas.

La esencia ideal de este tipo de dominación legal es disponer «sine ira et studio», o sea sin motivación sentimental o de ventaja personal (especialmente sin consideración de la personalidad) de modo estrictamente formal según reglas  racionales o en su ausencia según puntos de vista «objetivos». El fundamento técnico de esta dominación es, sencillamente, disciplina en el servicio.

3. Marx resaltó el papel del Estado en un proceso de socialismo radical. En efecto el Estado en la mayor parte del siglo XX, y no sólo en los países socialistas, asumió una posición dominante no sólo en la oferta de bienes públicos (electricidad, agua, educación, salud) y de infraestructura (carreteras, puertos, urbanización), algo justificable hasta para Adam Smith, sino de bienes de mercado (minas, industrias estratégicas). La justificación aun desde un punto de vista unilateralmente económico de ese protagonismo estuvo basada en la existencia de fallas del mercado (información asimétrica, monopolios naturales, externalidades) y macroeconómicas (desempleo, inflación ciclos), por una parte, y en la creencia de que el Estado podía saber cómo corregirlas y podía evitarlas. Desde los setenta, gracias a Coase y a Demsetz, se es conciente que ese estado de «falacia del Nirvana» atribuida al Estado es cuestionable aun con la mejor disposición de los políticos. A fines del siglo XX se subraya la de suyo evidente irrealidad de un bien común que prescinde del bien particular de políticos y burócratas  y sus lógicas consecuencias de corrupción, falsa contabilidad y lavado de dinero (Tanzi).

Hoy en día se estima que es necesario desembarazar al Estado de todo fin «específico» no imprescindible socialmente (bienes meritorios de Musgrave), como la producción de bienes y hasta de normas coactivas de control muy específicas para centrarse en la elaboración de normas generales que permitan a los actores económicos interactuar más productivamente dentro del sistema general de los derechos  penal, civil, ambiental  y comercial. Entre estas normas generales están los derechos de propiedad, reglas de honesto intercambio, de transparencia, de impugnación, etc. que son independientes de fines específicos y que no han sido diseñadas para lograr objetivos particulares. (Ricketts). Hasta cierto punto esta tendencia es la culminación de la dominación legal de Weber.

EL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE LEONEL FERNÁNDEZ

Dentro del marco expuesto lo lógico es centrar la evaluación de este pasado año en tres campos: la oferta de bienes meritorios( especialmente de salud, seguridad pública, justicia y educación), de bienes mercadeados (electricidad, agua potable) y de cambios estructurales (en banca, gasto público, comercio internacional). Se trata de señalar solamente lo poco que el autor sabe de ejecuciones en estos indicadores de conexión de procesos políticos y económicos recordando que la complejidad de estos procesos en el país es francamente inédita, enorme y creciente  el déficit cuasi-fiscal del Banco Central  y extraordinaria el alza del precio del petróleo, y que sobre el Gobierno pesa indefectiblemente una estructura de poder económico y partidista con largas raíces históricas.

a) Aunque sí se notan algunas innovaciones en la oferta de bienes meritorios, sobre todo en educación (énfasis en informática, inglés, tiempo de clases formación profesional de alto nivel en el extranjero, incremento de inversiones en la UASD de la capital y de sus campos regionales) no se ha registrado ningún aumento significativo en el porcentaje del PIB destinado al gasto social, aunque con ocasión del debate sobre la nueva reforma fiscal el Presidente promete atacar también el gasto social hasta llevarlo al 10%, lo que sí sería un extraordinario avance para el desarrollo de las capacidades que permitan a cada uno de los dominicanos el desarrollo que desea.

b) Pobre es el resultado exhibido en la oferta energética. La cantidad y calidad de la energía eléctrica sigue siendo deficiente y significa probablemente el mayor obstáculo para mejorar la competitividad  económica de las empresas. Ciertamente el aumento experimentado por el precio del petróleo explica el pobre resultado logrado en esta área y como resultado de su costo de oportunidad también en otras. Frustrante ha sido por esa misma razón la falta de una política energética que favorezca masivamente otras fuentes alternas de energía como la eólica y la bioenergética.

c) Pobre también me parece la gestión pública tocante a muy profundas reformas acordadas por el Gobierno con el FMI y con los países signatarios del CAFTA-RD. Aunque parece que se aprobará por el Congreso una  reforma fiscal encaminada a compensar al Estado por la pérdida de ingresos aduaneros, no se han hecho públicos esfuerzos dirigidos a facilitar al Congreso y a la nación la transparencia fiscal prometida: aún no se han centralizado todas las operaciones en efectivo, ingresos y gastos, en una sola Secretaría de Estado y en una sola cuenta asequible a quienes los deseen; no hay señales de supresión de la factura consular, aunque el número de vicecónsules es alto; se busca la aprobación de nuevos préstamos externos para obras fuera del presupuesto (intentos de aprobar el Metro y la Isla Artificial) y para inversiones más allá del tope pactado; no se publica  mensualmente de manera clara y acorde con el espíritu de lo pactado ni por la Procuradoría ni por la Superintendencia de Electricidad  sobre el estado de las causas civiles y criminales contra los responsables de la quiebra de los tres famosos bancos, ni el resultado  de la gestión del sistema energético; muchas contratas de compra de materiales y de servicios y de inversiones públicas no se licitan públicamente ni hay mecanismos jurídicos adecuados para una posible impugnación, etc.

Honestamente no parece existir la voluntad política necesaria para cumplir lo acordado. Mejor dicho se palpa cierta voluntad de evadir los esfuerzos por lograrlo. Se aprecia igualmente un patente desacato a leyes de permanencia en el servicio civil con la paradójica justificación de que el  artículo 55 de la Constitución es irreconciliable de facto  con ellas. En mi opinión, sin llegar a suponer mala voluntad, algunas de las acusaciones de corrupción por lo menos a nivel de prensa  no son neutrales. En varias fiscalías, en discursos políticos, en buenas partes de la prensa se manifiesta la tendencia de varios dirigentes del partido en el Gobierno a dividir el país en buenos y malos para lograr el capital político necesario para mantener el poder.

En cambio, hay un manejo más eficiente de los servicios públicos, es apreciable el logro por el Banco Central de haber estabilizado a bajos niveles el tipo de cambio y de haber estabilizado los precios, hazaña esta última que precisamente por haberse planteado la prioridad de crear un ambiente macroeconómico estable aun a costa de limitar el empleo y el crecimiento a corto plazo y de postergar una solución difícil de hallar al déficit cuasi fiscal del Banco,  muestra una rara determinación de buscar el bien común. Logros son estos realmente notables sin negar la necesidad de una solución a largo plazo.

CONCLUSIÓN

Como es de esperarse no he podido ofrecer sintéticamente un  resumen equilibrado de este pasado año.

Comprendo intelectualmente las dificultades de gobernar un país pequeño en tiempos de globalización, de alzas del precio del petróleo y de inveterados vicios de populismo, de compromisos y de «partisanismo» partidista donde el deseo de movilidad social priva, como dijera Juan Bosch, sobre las búsquedas de cierto bien común no coincidente en todo con el particular. Por respeto a las realidades económicas y políticas tengo que esforzarme  por comprender lo que no me gusta.

Comprendo, creo, varias de las dificultades económicas actuales y futuras del país. Pero, honestamente, se me hace mucho más difícil entender que el Gobierno aparente negarse a cumplir lo que pública e internacionalmente  ha prometido y la creencia de que habiendo en el país-y en todos los sectores- buenos y malos,  los buenos están arriba, los malos causaron nuestras penas y consecuentemente hay que evitarlos como plaga nefasta para evitar que nuevamente se perjudique el futuro. Aparentemente tendré que comprenderlo y recordar que «un año había pasado y otro pasado había y de Flandes no volvía Diego que a Flandes partió». Tal vez todos los años sean iguales, unos más que otros. Tendré que preguntarle a Doña Inés.