Las expectativas de la sociedad en este momento coinciden en la esperanza de que prosiga el dinamismo escrutador del órgano llamado a generar información que puedan motivar procesos judiciales o la aplicación de medidas disciplinarias o correctivas a partir de la salida a flote de serios indicios de irregularidades o de demostrables atentados al patrimonio público.

El país está en presencia de una Cámara de Cuentas que, por lo que se ha visto hasta ahora, se propone superar bajo su nueva conformación debilidades que restaban eficacia a las indagaciones que corresponde aplicar.

El Estado se hallaba pobremente defendido en la integridad de sus recursos por la inconsistencia de auditorías que arrojaron dudas sobre la idoneidad de sus aplicaciones con suspicaces versiones incompletas de resultados.

Nadie que pase por posiciones de Estado en las que manejaron recursos puede quedar fuera de la prueba de fuego de las revisiones documentales que corresponden ni alegar ignorancia de las leyes que les tocaba aplicar.

Con anterioridad a los recios y detallados informes que hoy pasan a conocerse sobre gestiones administrativas, la vigilancia sobre inversiones, contrataciones y gastos públicos era ejercida sin certificación de independencia respecto del Poder Ejecutivo.

Con la adversidad para el país, además, de que pasadas matrículas congresuales no se comportaban como auténtico contrapeso al presidencialismo distorsionador.

Sin aplicación recta de fiscalizaciones no habría antídoto al peculado

Las auditorías que hallaron indicios no movieron antes al  Ministerio Público

La Cámara cumple con escuchar a los auditados antes de exponer informes