JUAN BOLÍVAR DÍAZ
En uno de los ponderados análisis a que nos tiene acostumbrados, el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, de los jesuitas, formula importantes consideraciones a ser tomadas en cuenta para la política estatal de prevención y combate a la delincuencia. El documento debería tener amplia difusión para que llegue no solo a los funcionarios responsables de las políticas de seguridad ciudadana, sino también y muy especialmente a esa enorme pléyade de personajes que se limitan a reclamar la pura y simple eliminación física de los delincuentes, aunque sean muchachos de 20 años que se inician en las actividades ilícitas.

Desde luego, tal actitud discrepa estrepitosamente con la que esos mismos sectores observan frente a la gran corrupción, pública y privada, que ha enriquecido a miles de personas, a costa del bienestar del pueblo dominicano. Riqueza que se exhibe con el mayor desenfado y que opera con efectos deslumbrantes sobre jóvenes desposeídos que sienten la necesidad de buscar también la parte del pastel que pueden alcanzar mediante la violencia.

El análisis del Centro Juan Montalvo cuestiona la eficacia del plan “Barrio Seguro” puesto en marcha por el actual gobierno, estimando que tiene poca consideración de los factores estructurales que promueven la delincuencia, citando la extrema marginalidad y hacinamientos urbanos, y la exclusión de los asentamientos populares de los beneficios del crecimiento económico.

Se trata de un documento rico en datos demostrativos de cómo los barrios han sido abandonados a su propia suerte en un país que ha registrado altas tasas de crecimiento económico en las últimas décadas. La cobertura educativa y sanitaria no pueden ser más injustas, mientras el Estado no acaba de dar prioridad a esos dos renglones básicos. El desempleo es terriblemente frustrante.

Resalta el alarmante crecimiento de la criminalidad en el país, que en poco más de una década casi triplica la tasa de 10.4 homicidios por cada 100 mil habitantes que predominaba todavía en los años 90, al 26.8 estimado para el pasado año 2005.

Pero el estudio señala que la respuesta de “Barrio Seguro” pone énfasis en la saturación policial, sin tocar las causas estructurales de la delincuencia. “El fenómeno de la violencia es complejo y multicausal. Enfrentarlo desde una sola arista y más aún desde la arista que se llama consecuencia, pone paños fríos a la fiebre, pero no corta la infección. Barrio Seguro es una respuesta, sí. Pero una respuesta a la pregunta final. Y una respuesta que mantiene el estado de sitio en una población que tiene que morir cada día a las ocho de la noche”.

Para el Centro Juan Montalvo “será siempre insuficiente cualquier análisis que no considere la violencia como un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, que debe ser tratado desde una estrategia nacional que incluya todos los sectores. Es necesario ir más allá de lo coyuntural. En consecuencia, repetir el modelo de Barrio Seguro, tal cual ha sido aplicado hasta el momento en la zona norte del Distrito Nacional, no presenta perspectivas nada halagueñas. El costo económico, social, político, humano y ético crecerá geométricamente de continuar ejecutándose las políticas actuales”, concluye.

El aporte del Juan Montalvo señala numerosos factores de la violencia estructural que marca la existencia de los moradores de los barrios de la zona norte de Santo Domingo, incluyendo el hecho de que una gran proporción viven “por más de setenta años en tierras ajenas todavía reclamadas por familias de la clase alta”.

Este análisis debería llegar hasta esas familias que podrían tener un gran gesto social y hacer una contribución importante a la seguridad, donando los títulos de propiedad a miles de residentes de esos barrios. Sería una gran inversión social que toda la comunidad tendría que reconocer.

Mantener el reclamo de esas propiedades es ya un absurdo. No habrá nunca forma de que puedan recuperar terrenos sobre los que se asentaron ensanches como el Luperón, Espaillat o 27 de febrero. Tampoco aparecerá gobierno alguno que destine recursos multimillonarios para pagar el valor de esas tierras. La donación de los títulos compensará en parte de la marginalidad sufrida por miles de familias de los barrios populares. Y les permitirá convertirse en sujetos de créditos para mejorar sus viviendas.

 Ojalá que veamos un gesto de esta categoría en la sociedad dominicana. Sería un maravilloso aporte a la armonía social, a la equidad y la seguridad.-