Con políticas y programas a veces enmascarados para hacer posible insumos de costos reducidos, financiamientos a tasas menores y exenciones para facilitar la mecanización en grande de siembras y cosechas del grano, el fabulosamente protector Estado norteamericano es el que patrocinaría una penetración masiva de arroz USA a los canales dominicanos de comercialización.

La competitividad de los granjeros del Norte se sustenta en una economía de escala que los hace poderosos e influyentes como gremios a los que nunca les falta el apadrinamiento de los políticos y los Gobiernos. Por eso es tan oportuno que desde esta República haya firme decisión oficial de proteger la agricultura arrocera y los procesos industriales y de mercadeo que se le asocian.

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Siendo poco probable que los compromisos del DR-CAFTA puedan ser desconocidos unilateralmente por RD contra la importación desgravada, el país sí podría contrarrestar toda competencia externa con armas parecidas a las del adversario mayor. Disminuyendo las cargas impositivas que inciden “indirectamente” en los costos y reservando recursos del encaje legal para un gran programa de financiamientos blandos. Insuflarles confianza a los arroceros garantizándoles de antemano indemnizaciones (no propiamente subsidios) por las pérdidas que sobrevengan de la competencia desleal que el tratado permite y las que provengan del cambio climático (tan en boga) o por alzas externas de bienes imprescindibles para obtener el cereal.