Hoy 
Con Chantal Jiménez, la locutora y modelo brutalmente asesinada, no hubo fidelidad alguna a los procedimientos que debieron proteger su vida sentenciada días antes por su verdugo que le disparó fallidamente sin que de inmediato quedara en prisión sin derecho a la libertad condicional y bajo cargos de «tentativa de homicidio» que en derecho puede ser castigada penalmente como si se tratara de un hecho consumado. Ni el Ministerio Público ni la Policía debieron excarcelar al autor tras ese primer y horrendo crimen y mucho menos permitir que siguiera en porte de arma; y sobre todo en porte de un propósito de matar puesto previamente en evidencia por el asesino una y otra vez. Sin importar la procedencia, ninguna solicitud para ignorar como si nunca hubiera ocurrido la gravedad del atentado (ingenuo borrón y cuenta nueva) debió ser atendida por las autoridades a cargo que tenían en sus manos un caso que no dependía de querella alguna para legitimar la aplicación de la ley por tratarse de una acción dirigida a destruir una vida (crimen patente) que el pistolero estuvo a punto de lograr en esa primera oportunidad. La segunda, definitiva y mortal, la hicieron posible esas mismas autoridades.
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A la cruenta ineficacia de las órdenes de alejamiento se sumaron contra la vida de Chantal la flaqueza e incompetencia de quienes desde el Estado debieron preservar su existencia.
