Los regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional decidieron por cuenta propia aumentarse los sueldos a RD$150,000 mensuales, en circunstancias que aconsejan austeridad. Se trata de un ejercicio de legislación en beneficio propio que debe taxativamente desmontado en la reforma de la Constitución que está en camino. El aumento es inmerecido desde todo punto de vista. Salvando honrosas excepciones, desde hace mucho tiempo el regidor dejó de ser la figura abnegada y respetable que asumía con decoro una posición honorífica en bien de su comunidad. La partidocracia de rapiña convirtió la posición en valor de cambio para complacer ambiciones de militancia sin reparar en méritos.

Altos dirigentes de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario  Dominicano (PRD) han hecho muy bien en pronunciarse contra esta decisión. Ojalá hagan constar esta posición en alguna resolución de organismo con autoridad para hacerlo. No es posible que en momentos en que se requiere sobriedad en el gasto los regidores del Distrito Nacional pretendan exprimir aún más las finanzas del Ayuntamiento para aumentarse los sueldos. Hace poco se reprobó una pretención similar de los senadores por igualar sus sueldos con los de los diputados. No hay, pues, manera de que se pasara por alto este insulto a la pobreza que pretenden cometer los regidores del DN.

Crecimiento y desigualdades

Cada día hay más razones para censurar el hecho de que el crecimiento de la economía, que por decenios ha sido el más alto en Latinoamérica, no mejora  las condiciones de vida de la mayoría y, en cambio, hace más ricos a los más ricos. La economista Rosa Cañete, en una entrevista para este diario, pone de manifiesto las brechas que se ensanchan por la mala distribución de la renta nacional, de la cual un 20% de la población controla el 52.3%.

El resultado de esta distribución es que pocos tienen el mayor acceso a los bienes de consumo y servicios y la mayoría no puede vivir con lo que gana. En un país de escalas salariales arcaicas, estas inequidades profundizan la pobreza y restan competitividad al sector productivo. Entre las reformas estructurales a que ha sido sometido el Estado en los últimos 30 años no figura nada que modifique este patrón de distribución de la riqueza o injusta administración de la pobreza. Nos falta esa reforma.