Hay una verdad que amenaza a los propietarios de viviendas para alquiler aun cuando todos sabemos: Nada dura eternamente como también es otra verdad que ningún sistema político ni ninguna situación de poder dura una eternidad. Sin embargo, la propuesta de modificación de la Ley No. 4314 del 22 de octubre 1955, la cual viola el artículo No. 50 y otros más de la Constitución, puede si se aprueba como está concebida, constituiría una fuerza confiscatoria de cualquier vivienda o local que no se ajuste a ella y entonces serán muchas familias que tendrán que ir a vivir a montes o a las montañas.

Ojalá desistan de esa manipulación legislativa, que podría convertirse en un profundo problema social sin solución pacífica.

Estamos conscientes que el Proyecto de Ley, patrocinado por el Banco Agrícola, podía provocar consecuencias negativas y abrir las puertas a posibles confiscaciones de bienes raíces, ya que es un atentado a los derechos de los dominicanos y perjudica las obras en construcción y las ya terminadas, disminuyendo los ingresos del Presupuesto Nacional y las actividades comerciales de otras empresas ligadas a los promotores y constructores de viviendas y no soluciona las urgencias de los agricultores y ganaderos o hacendados, pero sí aleja al dominicano pobre de obtener una vivienda económica y decente; pues aumentará el costo de construcción y de adquisición por lo que afectará la economía nacional.

Debemos recordar que el mundo está en crisis y está todavía lejos de resolver la misma y República Dominicana no es ajena a ese proceso, y ya tenemos un déficit de más de 25,000 millones y un desempleo de un 14.9%.

No se precipiten, necesitamos cautela y vivir en paz.