Hoy 
El sector farmacéutico ha entrado en contradicción con las autoridades sanitarias a las que atribuyen retrasar e imponer trabas a la expedición de autorizaciones y renovaciones de licencias para la venta de fármacos, lo que estaría a punto de crear escasez de algunos productos importantes. En respuesta, el organismo correspondiente ha negado que erija tales obstáculos, dando a entender que todo se debe al celo en el cumplimiento de las reglas. Este conflicto genera preocupación en la ciudadanía y obliga a reclamar que ambas partes traten de inmediato de mejorar la aplicación de procedimientos para que la vigilancia sobre la calidad de los medicamentos de producción local se cumpla de manera cabal pero también sin retrasos.
El Estado y la industria farmacéutica tienen que evitar trastornos en el mercadeo de medicinas, sin renunciar cada cual a sus obligaciones y compromisos con la ciudadanía. Se recuerda que recientemente se detectó la falsificación de sueros antitetánicos que causaron muertes de pacientes. Luego vino el escándalo de la venta libre de medicamentos vencidos pero etiquetados de nuevo para esconder la caducidad. Un gran flujo de fármacos de fabricación e importación clandestinas ha amenazado la salud de los consumidores. Las autoridades tienen que ser efectivas tanto al regular la fabricación como el expendio.
Blanduras que estimulan robos
En una reacción cercana en intensidad a la que en verdad reclaman los hechos, el presidente del Indotel, doctor José Rafael Vargas, anunció que serán canceladas las licencias a empresas que compren alambres y equipos de telecomunicaciones que hayan sido robados. República Dominicana ha resultado en todos estos años una zona de tolerancia a la sustracción de objetos metálicos, desde cables hasta tapas de alcantarillas; desde espadas de estatuas de héroes hasta el cableado completo (varias veces) de la iluminación de la autopista Las Américas.
El comercio sin restricciones del producto de esos robos -generalmente exportado en furgones bajo la falsa categoría de chatarras- ha causado grandes pérdidas a la propiedad pública y directamente a empresas de servicios vitales. La compra de esos materiales debe ser castigada con algo más que una cancelación de permisos para operar. Se les debe aplicar el Código Penal.
