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Un conflicto que debe superarse con sentido de equidad. La liberación de aranceles a un paquete de alimentos que el Gobierno puso en agenda partió evidentemente de algo bien sabido: que el efecto tributario se traduce en aumentos de precios al consumidor.
Pero los productores locales de los rubros comprendidos se oponen casi a unanimidad a la exención alegando que generaría una competencia desleal a sus sectores aunque de ordinario tales pagos aduanales son vistos por ellos mismos como contrarios a su rentabilidad.
Es decir: la presión tributaria es reprobada por igual como perjuicio para proveedores y usuarios pero mucho se ha dicho desde el punto de vista social, económico y tributario, que este país encuadra en la lista de los que menos recaudan y también de los que más insuficientemente generan servicios públicos a sus ciudadanos.
La fórmula ideal sería aquella que solo pretenda suprimir contribuciones a suministros esenciales en una medida que no perjudique ni a unos ni a otros pero defendiendo en prioridad la economía familiar de las ineficiencias locales que se traducen en abastecer al mercado interno con artículos que experimentan agudas escaseces o resultan de excesivos precios finales.
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Proteger a los productores en equilibrio con los intereses de los consumidores sin que la carga fiscal tenga en tiempo de crisis un efecto de barrera sobreprotectora de deficiencias productivas locales que dan pie a lucros excesivos. Sin privar al país totalmente de favorables costos externos en el marco de la globalización.
