AMPARO CHANTADA
Desde los años 80, venimos señalando como las políticas implementadas en torno a la reforma agraria, a la cuestión ambiental (Parques, Sistemas de Areas verdes o protegidas), al desarrollo industrial, tenían como base la apropiación y la extensión de la propiedad territorial, en base a las tierras confiscadas a la familia Trujillo en particular, (CEA, SEA, IAD, Bienes Nacionales) por sectores emergentes socialmente y ese conflicto se traducía por la expropiación del campesinado de las tierras comuneras existentes en República Dominicana o de los pobres de barrios de la ciudad.

El problema de la propiedad de la tierra es recurrente en la historia económica y geopolítica del país: si no fue el pretexto; resultó ser un aspecto fundamental de la 1ª Intervención norte americana de 1916-1924 que sentó las bases para la parcelación y la titulación de las tierras comuneras, (ley Torrens), de manera violenta, entre las grandes familias que componían la oligarquía de la época, del país del Este y la expropiación de los campesinos de las tierras comuneras (el Movimiento Gavillero tan poco conocido, en el Seybo, Hato Mayor, Los Llanos).

Mas cerca de nosotros, las leyes de reforma agraria de 1972 que distribuyeron la propiedad entre algunos sectores de la sociedad dominicana de esos años y la regulación de otras tierras en base a su «congelación» del mercado inmobiliario declarándolas, «Parques urbanos» o «Parques Nacionales» fueron la expresión del mismo proceso anterior, que apartaba tierras y redistribuía otras, pero esta vez, desde el Estado Nacional: fue, el fin de los aserraderos y la regulación de la propiedad de la tierra serrana (base de acumulación de grandes fortunas de la oligarquía del Cibao) la expulsión de los campesinos serranos, por una parte y por otra, la redistribución de la mediana propiedad. El resultado fue la extrema concentración de la propiedad de la tierra, con la formación de una nueva clase de productores agrícolas al lado de los tradicionales latifundistas, la formación de los barrios marginados en las ciudades y el inicio del proceso migratorio, legal o ilegal. Nunca pasan de moda, Viglietti y Atahualpa, no lo lamento decir.

Los años 80`s vieron ese proceso acelerarse pero sin movimiento social en contra: la evicción del campesinado de las tierras llanas y productivas (valles, costas) se realizó sin protestas, la concentración de la propiedad rural y la marginación de los campesinos en las zonas de amortiguamiento o en las «áreas declaradas protegidas» no conmovió, ya se habían destruido, las organizaciones sociales. Las acciones militarizadas como Selva Negra en todo el país y en el Sur en particular, la expulsión de los reductos campesinos en el Parque de los Haitíses, en la Sierra de Martín García son las más significativas actuaciones represivas de la época, en nombre de la Naturaleza se golpeaba al natural protector del medio natural: los campesinos. Pero ese proceso de descampesinización a partir de un modelo de modernización que incluya, la fetichización de la naturaleza, en su discurso y su práctica, estaba en marcha e indujeron el gran proceso migratorio hacia los Estados Unidos y los barrios de las ciudades. Se declararon Parques Nacionales a inmensas parcelas de terrenos protegiendo así, las relaciones de propiedad y las relaciones de producción nuevas frente a las tradicionales: se habló del gas contra el carbón, de la guerra contra la pipiota para dejar paso a la agroindustria de la piña o de la palma africana, la horrible siempre de habichuelas contra las zonas francas o la minería.

Pocos ambientalistas protestaron, sin embargo, se enfrentaron a practicas delictivas como muchos recordaran, Oviedo y la transformación del espacio local en sub-espacio desvalorizado, la depredación de las Dunas de Baní (1984, éramos Silvano Lora y quien escribe bien solos en esa fogata de protesta), la extracción de los Tocones de la Cordillera Central, de los intentos de convertir las bosques tropicales en base de una industria maderera de exportación, depredadora, y poca preocupada de la fauna, de la flora, de las cuencas y de los acuíferos.

La reducción de las «áreas protegidas» no es más, que la expresión de la permanente acción del Estado de regulación y desregulación que se opera a partir de los bienes y riquezas de la Nación, para su apropiación y su traspaso. Hoy, la confabulación entre el sector hotelero de La Romana-Bayahíbe y los ecologistas resulta aberrante, los primeros defienden sus propiedades, que han rentabilizado gracias a las áreas protegidas circundantes y que han privatizado, los otros, los ecologistas, defienden áreas, que sirven para esa desregulación y el proceso de exclusión de las grandes mayorías frente al modelo privatizador.

La protección de la naturaleza no debe pasar por la declaración de zonas del país, en Areas Protegidas y menos en áreas reguladas por Convenios Internacionales, nueva manera de interferir legalmente. Sabemos que los EEUU gran promotor de esos convenios, son los primeros en ignorarlos, cuando les conviene (efecto invernadero, cambios climáticos, controles de gases). Las naciones ricas apoyan en las naciones pobres, lo que ellas, nunca han hecho, cuando se trata del proceso de acumulación, hoy quieren que tengamos áreas protegidas, para SU SEGURIDAD y no para nuestro desarrollo.

Los ecologistas dominicanos, debían asumir el debate por otro mango.

No podemos defender la sustentabilidad en particular a partir de las áreas protegidas, cuando se sustentan en políticas, que propugnan el bienestar para el mañana. Como la religión. Las «áreas protegidas» que se defienden hoy, son espacios sociales que han expulsado sus sociedades o las han relegado a los márgenes, ellas, que las habían protegido hasta hoy.

La reducción de esas áreas es la expresión de la lucha en torno a la apropiación de los bienes del país, pero no son las áreas protegidas que debemos defender, son los y las dominicanas que no las pueden disfrutar, ni vivir ya que los dejamos irse, en yola o sin yola, es lo mismo.