ROQUE NAPOLEÓN MUÑOZ PEÑA
Después de una prolongada espera, el doctor Leonel Fernández publicó, por fin, el tan esperado decreto-puente cuyo texto original tenía el propósito principal de reducir la corrupción que origina la práctica del odioso, antieconómico, discriminatorio e inmoral sistema de contratación de las obras públicas de grado a grado.

Cuan decepcionados nos sentimos los que nos ilusionamos con la idea de que el mismo sería publicado tal y como había sido concebido originalmente, lo que a final de cuentas no debería  sorprendernos, teniendo en cuenta la tendencia grado a gradista de los funcionarios que fueron encargados de su revisión.

Esto así porque el ya famoso decreto establece como tope máximo para utilizar el citado sistema de contratación pública, la cantidad de 235,000,000 (doscientos treinta y cinco millones de pesos) lo que quiere decir que por lo menos el 95% de las obras serán otorgadas por ese sistema de contratación, lo que evidentemente contribuye a oficializar la corrupción, en vez de frenarla, es decir todo lo contrario a lo expresado por el propio Presidente en el primer y tercer considerando del decreto 200-98 de fecha 29 de mayo de 1998 que establecen textualmente. “Que tradicionalmente en el área de las construcciones de obras públicas se han producido uno de los mayores niveles de corrupción y de escape de recursos públicos, en perjuicio del Estado dominicano y del pueblo dominicano”. Y en el tercer considerando establecía: Que para el presente Gobierno es fundamental la tarea de adecentamiento de la vida pública por las implicaciones legales, morales, sociales y económicas que ello tiene en la nacional, para lo cual se hace necesario la reforma de los textos legales vigentes.

Aunque es justo admitir que dicha pieza tiene aspectos positivos en lo que a la regulación para la adquisición de bienes y servicios se refiere, así como de la provisión de recursos para responder a los compromisos con los contratistas, porque humanamente hablando nunca hay algo absolutamente malo ni absolutamente bueno, pero como ni en los considerandos ni en el texto se menciona siquiera la palabra corrupción, como ocurrió en el decreto 200-98, no hay dudas de que este decreto es decepcionante en lo que a combatir la corrupción se refiere.

Aunque pensándolo bien, quizás se trate de una estratagema del señor Presidente para conseguir que el Congreso apruebe el proyecto de ley mencionado, reintroducido por el diputado Alejandro Montás antes de la fecha programada para su entrada en vigencia el 1-06-2006.