Hoy 25 de noviembre se recuerda uno de los crímenes más horrendos cometidos en la tiranía de Trujillo, el asesinato de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz, que las acompañaba. Un crimen de Estado.

Durante los 30 años de tiranía trujillista las niñas, adolescentes y mujeres vivían en inseguridad permanente, sus cuerpos estaban totalmente desprotegidos sujetos a la cosificación y disposición del tirano y su circuito familiar y gubernamental.

Puede leer: Las pedradas a la educación crítica

Los abusos sexuales eran ejercidos desde quien presidía el Estado y las instituciones, como por sus allegados en total legitimidad social, convirtiéndose las violaciones sexuales en asuntos privados del “Jefe” y los hombres que le rodeaban con apropiación total de las niñas, adolescentes y mujeres justificado desde frases como “las mujeres del Jefe” o “las que vivían con el Jefe”. Fenómeno legitimado socialmente vendido en el imaginario cultural como espontáneo y aceptado por la población femenina, siendo todo lo contrario. Miles fueron víctimas de violaciones y crímenes. Los feminicidios no se denunciaban ni se judicializaban, aceptados como “normales” igualmente las golpizas que los hombres le propinaban a las mujeres y su asesinato. Un problema íntimo en el que el sistema de Justicia no intervenía, “asuntos pasionales”.

Es una fecha en la que también se visibiliza la realidad de inseguridad, desprotección y violencia que vive actualmente la mayoría de la población femenina, víctima del ejercicio de la violencia sexual y física por las personas más cercanas, familiares, parejas y exparejas.

La incidencia de la tiranía trujillista y su aparato ideológico-cultural se perpetúa en la sociedad dominicana, sostenido en el fomento de la masculinidad violenta, las debilidades en la prevención, y persecución de la violencia de género, así como en la protección y acompañamiento de las víctimas.

El predominio del poder masculino en términos micro y macro territorial en el ámbito nacional continua, así como la normalización de la disposición y cosificación del cuerpo de las niñas, adolescentes y mujeres desde el acoso, abuso sexual, incesto y violencia. La apropiación pública del cuerpo de la población femenina se muestra en el sistema de salud, educación y en todos los ámbitos sociales.

No se les permite ejercer libremente sus derechos y decisiones sobre su cuerpo bajo la amenaza de expulsión y exclusión del sistema educativo, la negación del derecho a la salud integral en caso de tomar la decisión de interrumpir un embarazo fruto de una violación y la sanción social por “putas”, “cueros” o “aborteras”. Igualmente, se les niega el acceso a una educación sexual integral que le ofrezca herramientas para frenar el acoso, abuso y violencia de las que son víctimas continuamente.