Hoy 
El país debe saber pronto a qué atenerse ante las s posiciones de unos y otros (la firma Xstrata Nickel y la Academia de Ciencias) a favor y en contra de la extracción de ferroníquel en loma Miranda con posibles impactos en las provincias de La Vega y Monseñor Nouel.
La riqueza allí contenida derivaría importantes beneficios para la compañía con derechos a extraerla, que habría de compartir con el Estado y con núcleos urbanos cercanos. Aún con esas expectativas de lucro, es de rigor para la opinión pública obtener garantías de que la actividad de explotación no causaría sensibles e irreparables daños a la naturaleza (flora y fauna) ni a vitales fuentes de agua para consumo humano en la zona, como afirman conservacionistas locales, criterios que son rebatidos por la empresa extranjera a cargo.
En el justo medio de estas posiciones, y con idoneidad profesional e independencia de criterios para tomar la decisión que más convenga al país, deben situarse las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes y normas sobre minería establecidas para proteger el patrimonio nacional contra cualquier interpretación excesiva y perjudicial de concesiones otorgadas por el Estado. Con actitudes responsables y con decisiones científicamente bien sustentadas, el Estado dominicano debe tener la última palabra, equilibrada y justa, sobre la loma La Miranda sin que el país tenga que arrepentirse después.
Insuficiencias en provincia mayor
Era conocido ya por testimonios del propio Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, que las infraestructuras y recursos técnicos y humanos para administrar justicia en esa jurisdicción no son suficientes. Ahora han sido los jueces los que han elevado su voz en el mismo sentido, expresando ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que trabajan hacinados y sin seguridad por falta de espacio y obstaculizados por lo exiguo del personal para las funciones legales ordinarias y de oficina.
De hecho el magistrado Germán está evaluando las condiciones de los tribunales en el país y es de esperarse que las precariedades de la provincia más poblada y de preocupantes índices de violencia y delitos de diferentes géneros le han persuadido a disponer medidas urgentes en la jurisdicción. El papel de jueces y fiscales para rodear deseguridad a los ciudadanos, es clave.
