FABIO RAFAEL FIALLO
A partir del desembarco de tropas norteamericanas en nuestro país el 28 de abril de 1965, las condiciones estaban reunidas para librar una guerra patria con todas las de la ley. No obstante, como empezamos a examinar en nuestro artículo anterior, en vez de ajustar su estrategia a ese tipo de conflicto, el liderazgo constitucionalista siguió hablando y actuando en términos de guerra civil.

La primera prueba de ello, dijimos, es la proclama impresa que lanza dicho liderazgo a raíz de aquel ominoso desembarco, proclama que ni siquiera menciona la presencia de tropas extranjeras en nuestro suelo y concentra sus ataques exclusivamente en el enemigo nacional, es decir, “el criminal Wessin y su pandilla”.

Prosigamos. A medida que las tropas extranjeras rodean la zona constitucionalista y se abstienen de penetrar, queda claro que Estados Unidos está dispuesto a tantear una salida negociada al conflicto militar.

En ese contexto, en los primeros días del mes de mayo, el presidente Johnson envía como emisario al antiguo embajador estadounidense en nuestro país, John Bartlow Martin.

Durante la primera visita al sector constitucionalista de aquel emisario, la multitud comienza a abuchearlo tan prontocomo se entera de su presencia.

Uno de los líderes constitucionalistas arenga a la masa y trata de calmarla, utilizando expresiones tales que llevaron a Bartlow Martin a calificar de “apasionado” el discurso con el que fue presentado al público.

Tan efectivo es el discurso, que de la muchedumbre brotan gritos de simpatía por el emisario norteamericano en los que se confirma que la lucha es en pro de la democracia más que en contra de la invasión.

(Ver Bartlow Martin “El destino dominicano”, pp. 634-5). Esa calurosa acogida al emisario norteamericano refleja claramente que, más que una guerra patria contra la intervención extranjera, las autoridades constitucionalistas estaban librando una guerra civil. En esas circunstancias, les interesaba demostrar a dicho emisario que no tenían nada en su contra, ni en contra del país que él representaba, a fin de inducirle a ser más receptivo y favorable a los reclamos que ellas se aprestaban a hacer en contra del recién instalado Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Se sentaban así las condiciones para que la guerra civil pudiese proseguir bajo la mediación internacional, la misma mediación, recordemos, que el liderazgo constitucionalista había ido a buscar infructuosamente a la embajada norteamericana, cuando visitó ésta más de una vez el día antes de la invasión, es decir, el 27 de abril.

Pero eso no es todo. En entrevista publicada en este prestigioso rotativo (12 de marzo de 2006), la señora Arlette Fernández, viuda del coronel Rafael Fernández Domínguez, reiteró que fue bajo la insistencia de Bosch que su esposo aceptó retornar al país en mayo del 65 en un avión militar de Estados Unidos, puesto a su disposición a solicitud del Profesor, en el que viajó acompañado de negociadores de aquelpaís. (Cabe preguntarse por qué Bosch, quien no vio inconveniente en pedirle a la potencia ocupante el favor de traer a nuestra tierra a una figura señera de la insurrección, no procuró subirse él también a ese avión para asumir los mismos riesgos que corrían sus seguidores, cuestión ésta que analizaremos ulteriormente).

Fernández Domínguez traía por añadidura un mensaje para Francis Caamaño en el que Bosch anunciaba que estaba negociando con los norteamericanos, desde su “trinchera del honor” en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la formación de un gobierno provisional presidido por su amigo Antonio Guzmán (misma fuente). Por más que se invoquen consideraciones tácticas para explicar la actitud del Profesor, la forma de regresar del coronel Fernández Domínguez así como el tenor del mensaje de que era portador, corresponden a una estrategia, no de guerra patria, sino de guerra civil. Todavía hay más. A lo largo de las negociaciones que se entablan con los representantes de Estados Unidos (primero directamente y luego a través de la OEA), el punto en que se concentra la discusión, en el que surgen los obstáculos más difíciles de superar, en el que los dos grupos beligerantes (constitucionalistas y GRN) tratan por todas las vías de hacer valer sus intereses respectivos, es el relativo a los nombramientos en las funciones principales del futuro gobierno provisional (Presidencia, ministerios y, sobre todo, puestos claves en las Fuerzas Armadas).

Las negociaciones toman tiempo a causa, fundamentalmente, de la dificultad de llegar a un acuerdo sobre lo que el historiador Piero Gleijeses denomina el “punto más importante…la cuestión de los máximos cargos militares” (véase “La crisis dominicana”, p.280).

Llegó además a ser de público conocimiento el carácter acalorado del debate que tuvo lugar en el seno del Gobierno Constitucionalista cuando se planteó si aceptar o no la candidatura de Héctor García Godoy para la función de presidente del Gobierno Provisional que se intentaba constituir (Walter Bonilla, “La Revolución de Abril y Puerto Rico”, p. 106). Imaginemos una vez más que, a pesar de la presencia de tropas extranjeras en el país, el liderazgo constitucionalista hubiese seguido pensando que no nos encontrábamos en un contexto de guerra patria sino de guerra civil.

¿A qué tipo de objetivos hubiera otorgado prioridad? ¿Acaso no hubiera sido precisamente a la nominación de los cargos principales en el gobierno que se formaría para salir de esa contienda fratricida? En los anales de la historia de nuestro continente, no existe precedente alguno de un movimiento enfrascado en una lucha patria, contra tropas de ocupación, que haya asignado primacía a objetivos de tal naturaleza. No ocurrió ni en Nicaragua, ni en Haití, ni menos aún en República Dominicana, durante las invasiones norteamericanas de principios del siglo XX.

De haber intentado librar una guerra patria, el liderazgo constitucionalista hubiera centralizado sus reclamos, no en quién ocuparía tal o cual cargo en un futuro gobierno, sino en la salida de las tropas extranjeras de nuestro país, como lo hicieron tanto el Gobierno Restaurador en 1865 como la Unión Nacional Dominicana (de la que mi abuelo Viriato Fiallo era miembro fundador) durante la ocupación de 1916-1924. La jerarquía constitucionalista hubiera por lo menos exigido, como condición sine qua non para permanecer sentado en la mesa de negociaciones, tener realmente voz y voto en la determinación del calendario y las modalidades de evacuación de las tropas de ocupación.

 Y sin embargo, ése no fue el caso, como habrá de demostrar el artículo que próximamente ofreceré al lector.