Un enorme pasivo social

Un enorme pasivo social

Uno de los problemas más graves derivados de la  inmigración haitiana en la República Dominicana es el enorme pasivo social resultante de la escasa educación entre los haitianos de origen. El razonamiento se desprende de las cifras arrojadas por  el informe “Política social: capacidades y derechos”  elaborado por la Oficina de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas  y dado a conocer recientemente en el país.

Según ese estudio, el  43.5% de los haitianos que viven en el país no tiene ningún nivel educativo, el 32% ha terminado la primaria, el 16.8% tiene estudios secundarios y sólo el 7.2% tiene estudios del nivel superior. Para tener una idea de la baja escolaridad entre los haitianos que vienen al país basta decir que en el año escolar 2005-2006 los haitianos matriculados en escuelas dominicanas representaron un 1.19% del total de estudiantes haitianos.

Esta enorme brecha en el acceso a la educación entre dominicanos, haitianos de origen y haitianos nacidos en Haití se traduce en una carga social que resultará difícil de manejar por el Estado dominicano. Se requieren políticas sociales bien definidas para estrechar esta brecha. El pasivo social debido a esa situación tiene altísimos costos para la República Dominicana, aún cuando los haitianos iletrados radicados aquí conserven su nacionalidad de origen.

Impunidad: el peor  mal

En todos los ámbitos -penal, administrativo, social- la falta de aplicación de las leyes actúa como fertilizante de todos los males. Nuestros altos índices de criminalidad se alimentan de la alta tasa de impunidad que se registra en el campo de los asesinatos. También por la impunidad son bastante significativos nuestros niveles de corrupción a todos los niveles. El Banco Mundial juzga que la impunidad es el más grande obstáculo en la lucha contra la corrupción.

Compras y contrataciones del Estado, ejecución del presupuesto y rendición de cuentas, así como libertad de acceso a la información pública son ámbitos claves en los que -apunta el Banco Mundial- se requiere una rigurosa aplicación de las leyes. En el país, los organismos de fiscalización de las cuentas públicas no logran hacer valer las prerrogativas jurídicas que les facultan para perseguir la corrupción. El punto de apoyo continúa siendo el manto de impunidad que cubre todo lo indebido.

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