Siempre se ha dicho  que algunos errores en la vida se pagan caros, sobre todo aquellos  que, una vez cometidos, no hay manera de devolverse, por lo que solo queda  asumir las consecuencias. Que es lo que deberían hacer, en buena lid, los legisladores que de manera directa o indirecta son responsables del “error” que provocó que el voto de arrastre en el nivel congresual no quedara debidamente ratificado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Según lo que explicó ayer el diputado Radhamés González, vocero del bloque del PRD en la cámara baja, “el problema fue que luego de aprobado en la Cámara de Diputados, ellos no lo limpiaron (el proyecto de ley) y dejaron los cuatro niveles de elección, cuando en realidad se había consensuado y aprobado el arrastre de la forma como se realizó en las elecciones del 2016”. Luego de esas explicaciones la pregunta, inevitablemente,  se cae de la mata: ¿Quién debe pagar las consecuencias de ese error, que todos sabemos fue  producto de la prisa, como para salir del paso,  conque se aprobó esa ley?  ¿Los promotores y beneficiarios del arrastre, que sin embargo no tuvieron el cuidado de asegurarse de que quedara claramente consignado en la  ley que finalmente sancionaron? ¿La JCE, a la que los partidos de oposición han metido en  un berenjenal del que el organismo electoral espera salir “interpretando” una intención que no aparece escrita por ninguna  parte en la Ley 15-19 porque el legislador   olvidó hacerlo? Tal vez la solución sea que la pieza vuelva al Congreso Nacional para enmendar lo que se hizo mal o no se hizo, como propone el diputado Demóstenes Martínez, pero hay que dejar que la JCE  decida si se va a extraviar en esos laberintos o simplemente   le cobra el error, que es lo  justo,   al que lo cometió.