El hecho de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se cayera y el gobierno dominicano se haya visto obligado a volver a negociar su restablecimiento, representará para la población un alto costo en términos de aumentos de los precios internos.

Esto así porque mientras la tasa de inflación proyectada en el primer acuerdo para el año 2003 era de 35 por ciento, esta tasa terminó alcanzado el 42.7 por ciento, según se estima en la nueva carta de intención presentada por el gobierno al FMI.

Se trata de un aumento de la tasa de inflación de 7.7 puntos, un nivel que resulta alto incluso como tasa de inflación para todo un año. De hecho, en el primer acuerdo firmado con el FMI se estimaba una tasa de inflación para todo el año 2005 de 5.0 por ciento, inferior al aumento que registrará esta variable si se compara la tasa de inflación que se esperaba para el 2004 en el primer acuerdo, de 35 por ciento, y la proyectada en el nuevo acuerdo, de 42.7 por ciento.

Para el presente año, será mayor el impacto negativo que está teniendo para la población, en términos de precios, la ruptura del restablecido acuerdo con el FMI.

En el acuerdo aprobado originalmente se contemplaba que la tasa de inflación se mantuviera en un dígito en el presente año; o sea, en 9.0 por ciento.

Sin embargo, la tasa de inflación alcanzará el 14 por ciento en el año en curso, de acuerdo a las proyecciones del propio gobierno contenidas en la carta de intención presentada al FMI para el restablecimiento del acuerdo stand by.

El impacto negativo sobre los precios internos del traspié que tuvieron las autoridades en la ejecución del acuerdo, y que éstas han tratado de enmendar con las negociaciones para restablecerlo, se sentirá también en el año 2005, pues en el acuerdo original se proyectaba una tasa de inflación para ese año de 5.0 por ciento, y en el nuevo acuerdo se estima que será de 9.5 por ciento, muy cercana a una tasa de inflación de dos dígitos.

El restablecido acuerdo con el FMI se rompió como resultado de la decisión de las autoridades comprar las acciones de Unión Fenosa en Edenorte y Edesur, sin consultar previamente a ese organismo internacional, a pesar del impacto que esta medida estaba llamada a tener en las finanzas públicas y en el nivel de endeudamiento del gobierno, dos variables sujeta a topes en los programas fondomonetaristas.