Las autoridades de  República Dominicana y Haití hacen esfuerzos por incrementar el intercambio comercial entre ambos países. Hace poco hubo un encuentro ministerial enfocado en ese tema y existe una Comisión Mixta Bilateral que procura allanar el camino para proyectos de interés común. Existe un intercambio vigoroso que se manifiesta tanto en mercados fronterizos como a través de trasiego de mercancías en am- bas direcciones.

Pero la buen voluntad de las autoridades de los dos países no es suficiente. Hay un escollo que debe ser eliminado como paso importante en la tarea de intensificar el intercambio. La seguridad es un punto débil en Haití, a tal grado que el dominicano Andrés Avelino Moreno Guzmán, conductor de una patana, acaba de ser  secuestrado y asesinado en Haití por una banda que robó las mercancías que transportaba. En octubre del año pasado fue secuestrado en Haití el dominicano David Peña. La patana que conducía fue saqueada e incendiada, y él salvó la vida milagrosamente.

 Es evidente que la inseguridad del lado haitiano es un grave escollo en el intercambio comercial entre los dos países. Las autoridades de Haití tienen que hacer esfuerzos más exitosos para ponerle fin a las operaciones de las bandas armadas que se dedican a saquear vehículos dominicanos y a secuestrar y asesinar a sus conductores.

Vandalismo en Barahona

El Consorcio Azucarero Central (CAC), una empresa establecida en Barahona que genera más de tres mil empleos directos, ha sido víctima del  vandalismo de una o varias bandas armadas. El viernes, cuatro hombres con escopetas y pistolas interceptaron una locomotora, desmontaron y amenazaron de muerte al personal que la conducía y provocaron destrozos de consideración en el aparato. Ya antes, la misma empresa había denunciado quemas de caña y otros desmanes.

Las autoridades judiciales de Barahona, que están apoderadas de una querella por ese caso, deben procurar la captura pronta de estos grupos dedicados a atentar contra una inversión productiva que genera el sustento de cientos de familias. No se puede permitir que la delincuencia ponga en riesgo la inversión establecida ni que actúe como fantasma que espanta a los inversionistas potenciales.