JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Ha quedado demostrado, que las promesas de los políticos cuando están en campaña, de que si son favorecidos por el voto y logran alzarse con el poder, no propiciarán la creación de nuevas cargas impositivas, son falacias de marca mayor, ya que una vez en la «silla de alfileres», los vientos soplan de manera diferente.  Lo primero que señalan es, que la administración anterior dejó las arcas vacías. 

 Después, que hay que hacer un sacrificio supremo para que el país no sea declarado en cesación de pagos; es decir, en estado de quiebra y que en consecuencia, hay que apelar al endeudamiento externo, continuando con la cantaleta, que muy a su pesar, deberá crear unos impuestos pero con «carácter transitorio».

El pueblo sabio intuye, que en nuestro país todo lo transitorio se convierte en permanente y que en el único lugar en donde se desafía la ley de la gravedad, en el sentido de que todo lo que sube no baja, es en la República Dominicana.

El turismo, ha sido el principal generador de divisas, ocupando nuestro país el principal destino del Caribe.  Sin embargo, la competencia es tenaz y despiadada, por lo cual, cuando se comete un atentado criminal o se establecen impuestos, es resaltado por nuestro competidores en todas las agencias de prensa internacionales.  Por eso, el impuesto que propone el secretario de Estado de Turismo, señor Félix Jiménez de imponer una tasa de cinco dólares a los boletos aéreos para la recuperación del parque hotelero afectado por el huracán Jeanny, es un absurdo.  Esos establecimientos tienen sus propios métodos de rehabilitarse y los pasajeros no deben contribuir al restablecimiento de algo que ellos no destruyeron.  Al mismo tiempo, ese impuesto es discriminatorio ya que afecta a viajeros que no son turistas y

que no tienen por destino las empresas afectadas.

La comisión cambiaria que hasta ahora era de un 2%, se incrementará a un 3%.  Para compensar, se eliminará el impuesto a las exportaciones de un 2.5%. Entendemos, que las exportaciones al igual que la producción de divisas deben ser incentivadas en lugar de ser penalizadas como hasta ahora lo han sido.  Para que los productores se motiven a crear nuevos mercados que generen riquezas al país, sus esfuerzos deben ser compensados con ventajas que lo impulsen a correr grandes riesgos en lograr metas nunca antes imaginadas por el conservador sector exportador. La ventanilla única que tiene años de haber sido propuesta, debe ser puesta en vigor.

Sectores fiscalizadores del Gobierno, están detrás de subir el impuesto a los combustibles, el gas licuado y sus derivados.  Creemos, que si la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales quiere exhibir un resultado positivo en su gestión, debe luchar porque el gas propano no sea gravado para uso doméstico, ya que contribuiría a que la población rural vuelva al uso de carbón o al corte de leña para el cocimiento de sus alimentos. Si como se afirma es el Fondo Monetario Internacional el que presiona por este impuesto, el mismo debe recaer para el que utilizan los vehículos, que tienen la defensa de traspasar el mismo a los usuarios.

En lugar de pensar en nuevos impuestos, el Estado Dominicano debería abocarse a crear un organismo autónomo que identifique el destino o el mal uso que se le ha dado a recursos provenientes de préstamos y donaciones de gobiernos o instituciones financieras internacionales.  De ese modo, negocios tan onerosos como el de Hydro Quebec que significó el esfumarse

veinte millones de dólares deben ser  identificados y obligados a su devolución con intereses los «beneficiados».  Las ONG reciben grandes cantidades de dinero que van a parar a manos de los dirigentes, sin que los mismos rindan un informe de sus actividades.

Dos grandes fuentes de enriquecimiento a expensas del contribuyente que impávido ha visto como lo que le sacan de su trabajo honesto, va a parar a manos de «vivos» y  políticos que se escudan en sus partidos y las bases para lograr la impunidad.  El Peme y el Renove, son instituciones que deben avergonzar a los ejecutores. Recuperar esos miles de millones de pesos distraídos del erario sería más fácil y patriótico que imponer cargas impositivas a los que fueron las víctimas de tan descomunales desfalcos.

Esto equivale a castigar doblemente a un inocente. Una cosa es la corrupción y el Depreco  y otra es enjuiciar a los que se aprovecharon de una coyuntura política específica.  El estafador, defraudador, malversador, maleantes, desfalcador, saqueador, timador deben ser tratados como inculpados de crimen de lesa patria y despojados de sus derechos civiles y encarcelados a pena máxima para poner ejemplos que sirvan de escarnio a los que creen, que robarle o «hacerse» a costa del Estado, es digno de ser ensalzado. Ya es hora de quitarle el yugo al contribuyente y ponerle el cascabel al gato. Los ladrones deben ser obligados a devolver lo desfalcado y después encerrarlos en una ergástula y botar la llave.