Lo que está ocurriendo en torno a las tierras estatales de Pedernales, y en particular las aledañas a la Bahía de las Águilas, confirma la resignación generalizada de que el Estado ha sido carcomido por la ambición de los políticos, que desde hace años han encontrado en su manto protector su medio para enriquecerse, sustrayendo y despilfarrando los recursos que eran para el bien común.
El haber sacudido el polvo del expediente de posesión de los terrenos, asignados graciosamente y con alevosía a todos los que tuvieran relación con los políticos de la última administración del doctor Balaguer, y luego con los traspasos al vapor de las parcelas, revela que sino se hubiese salido con la solución del fideicomiso ya era poco lo que faltaba para comenzar con el inicio de la construcción de hoteles, villas, plazas comerciales, aeropuertos y muelles en las cercanías de Pedernales y Cabo Rojo, bajo una supuesta inversión de capital italiano, y con un robusto padrinazgo político de mil trescientos millones de dólares.
La reflexión de este caso confirma una vez más de ver cómo todos los organismos del Estado están carcomidos por la corrupción de los políticos, que no se de- tienen ante los intentos de adecentamiento, que el actual presidente impulsa en su administración, ya que en poco tiempo se ve rodeado por los intereses de su propios funcionarios. Ellos llevan a cabo maniobras que las infiltran como convenientes y las llevan a otros estamentos, en que la vigilancia presidencial no puede alcanzar por la vastedad del Estado.
Con el uso de la figura del fideicomiso, y darle el 45% de la venta de los terrenos estatales que usurpaban con títulos inválidos de los particulares cuando se vendieran, despertó de inmediato las protestas de todos los sectores, luciendo como una estrategia bien concebida para resolver ahora, y de una vez para siempre, la usurpación de los terrenos que tan graciosamente se repartieron como un despojo de la propiedad pública.
Indudablemente la crisis de Bahía de las Águilas, al llevarse con toda su dimensión a la opinión pública, ésta reaccionó como los estrategas del gobierno esperaban y tumbaron de inmediato la idea del fideicomiso y del 45% de beneficio por las ventas a los poseedores de títulos ilegales.
Se logró el máximo repudio popular, de manera que la justicia, tan lenta, morosa y amañada, se ponga las pilas y enfrente con valor y responsabilidad para que el Estado recupere lo que le pertenece en cuanto a la famosa parcela 215.
La única manera para que se precipitara una decisión era provocar el desencadenamiento de una ola de protestas en contra del supuesto asentamiento agrario de mediados de los 90 en la zona de Pedernales y del fideicomiso.
Se colocó sobre el tapete una solución que envolvía un fideicomiso, al ver de cómo a espaldas del propio presidente de turno, ya hasta la justicia había archivado el caso, porque el Ministerio Público no asistía a las audiencias, buscando declarar la cosa como juzgada y entonces iniciar el latrocinio de las parcelas, que no solo ha ocurrido en la zona de Bahía de las Águilas, sino que se extiende a otras zonas del país, donde la posesión irregular o ilegal de tierras del Estado ha sido frecuente, gracias al contubernio de los funcionarios políticos cuya objetivo es buscar los medios de un rápido enriquecimiento.