Sendas comisiones del Gobierno vigente y del que asumirá el mando a partir del 16 de agosto de este año iniciaron ayer reuniones para acordar los procedimientos para el traspaso de mando. Estos afanes son propios de un período de transición demasiado largo, que abarca tres meses, desde la fecha de las elecciones presidenciales -16 de mayo, cada cuatro años- hasta la fecha de toma de posesión de las autoridades electas, el 16 de agosto.

Se trata de reuniones necesarias para viabilizar que las nuevas autoridades vayan teniendo acceso a informaciones de primera mano acerca del manejo de las instituciones de un Estado cuya administración es demasiado grande y complicada, llena de duplicidades que obstaculizan la funcionalidad.

Alguna vez tendremos que ocuparnos de trabajar por hacer de la administración del Estado algo funcional y práctico, que responda a los esquemas modernos, una administración menos abultada, menos onerosa.

Una prioridad inevitable si se decide la actualización de la administración del Estado es el establecimiento de un modelo que mantenga su continuidad a pesar de los cambios de Gobierno, pero que a la vez haga previsiones para actualizaciones periódicas.

Los dominicanos no podemos seguir costeando un Estado innecesariamente grande y complicado, que succiona una buena proporción de los recursos que podrían ser destinados al desarrollo, a fomentar el crecimiento económico y social.

[b]II[/b]

Nada justifica que en la administración de nuestro Estado exista la Liga Municipal Dominicana (LMD), un organismo que es la negación de la autonomía municipal y que fomenta la centralización en tiempos que el sentido común aconseja todo lo contrario. Ese organismo, albergue de clientelismo político, tiene actualmente una asignación de RD$20 millones mensuales más un 5% de los fondos que deben recibir los ayuntamientos por aplicación de la ley 17-97.

Nada justifica que exista una Oficina Coordinadora y Supervisora de Obras del Estado a la vez que una Secretaría de Estado de Obras Públicas, que bien podría asumir la coordinación y supervisión.

Tampoco se justifica que el Estado cuente con un Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y un Instituto de Auxilios y Vivienda (INAVI).

En su «Informe sobre la pobreza en la República Dominicana» correspondiente al 2002 y divulgado el año pasado, el Banco Mundial critica la multiplicidad de esfuerzos disgregados en los programas contra la pobreza.

Así podríamos citar una larga lista de duplicidades que entorpecen el Estado, que limitan su funcionalidad y aumentan enormemente sus gastos.

El Estado moderno tiene que ser fuerte pero austero y costeable, capaz de actuar como facilitador para que el aparato económico pueda operar con garantías en un marco jurídico adecuado y justo. Debe responder a las necesidades del país, no de los individuos en particular. No puede continuar lleno de costos injustificables y duplicidades que solo se explican en función de clientelismo político. Hay que trabajar por un Estado funcional.