Una simple lectura de los artículos 122 al 128, Título IV, Capítulo I, de la Constitución de la República Dominicana, ilustra la importancia de la figura jurídica y política del Presidente de la República, los requisitos indispensables que debe reunir para aspirar a esa honrosa distinción, el mecanismo para ser legítimamente elegido por el voto del pueblo, su juramentación ante el Congreso Nacional y sus atribuciones y facultades como jefe de gobierno durante su permanencia en ese elevado cargo.

El ejercicio de todas y cada una de sus atribuciones y funciones tiene sus restricciones. EL artículo 6, establece: Supremacía de la Constitución. “Todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución, norma suprema y fundamento del orden jurídico del Estado. En su artículo 2.Soberanía popular dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado.”

El presidente de la República, Lic. Danilo Medina, siendo elegido por el pueblo en las elecciones del 2016, a él se debe. Perimido su periodo de gobierno y prohibida la reelección, gestionó y logró modificar la Constitución introduciendo una cláusula que le permitía una segunda y última repostulación. Terminado su segundo cuatrienio, no satisfecho, intentó una nueva reforma siendo rechazado por el pueblo enardecido y la disuasiva advertencia del intruso de mayor obediencia: el imperialismo americano.

Frustradas sus aspiraciones, fue enlistada de la cúpula del PLD una serie de futuros candidatos, el presidente del Senado, secretario general del Partido, su actual presidente, entre tantos otros fieles a su mandato, habiendo recibido su beneplácito. Sin embargo, sorpresivamente todos ellos fueron desplazados, siendo reemplazados por su Penco favorito, Gonzalo Castillo, un singular inexperto en lides políticas, disponiendo a su favor los cuantiosos recursos del Estado haciendo suya, abiertamente, su campaña electoral, olvidando su condición de Presidente de todos los dominicanos, los que votaron y no votaron por él, en flagrante violación de las funciones y atribuciones que le confiere la Constitución de la República.

Abatido por los resultados de las últimas encuestas realizadas por empresas internacionales altamente acreditadas por sus acertados pronósticos en pasadas elecciones, fuera de sí, incita a sus cuadros políticos a “pelear su voto” lanzando esta admonición desestabilizadora y peligrosa: “No creer en encuestas que buscan crear un escenario falso e irreal.” Eso, dicho por el Presidente de la República, referido a esas encuestas es grave, gravísimo. Impugna de antemano a su aliada, la JCE y la limpieza de las próximas elecciones, si su pupilo, el Penco, bendecido por él, no resulta elegido en primera o segunda vuelta. Un grito de guerra, nada esperanzador ni tranquilizante.

Cabe a todo presidente o gobernante en un sistema de gobierno democrático, la responsabilidad de preservar y garantizar la paz, el orden público y el bienestar de la nación y sus habitantes. Lo contrario sería anarquía o dictadura. Pero también el pueblo carga con esa enorme responsabilidad, porque solo él, con su voto, es responsable de los actos del Estado. Por eso, luego de 20 años de gobierno, el cambio se hace necesario.