En el año 2012, la República Dominicana fue el mayor receptor de inversión extranjera directa en el área del Caribe. Los proyectos de inversión foránea aún en carpeta, pero destinados a ser desarrollados en el corto y mediano plazos,  dibujan un panorama muy promisorio para nuestro país. Esos logros y las excelentes calificaciones de riesgo país que hemos obtenido por nuestro intercambio positivo con  otras economías  han sido posibles  por el régimen de sólidas garantías jurídicas que el Estado mantiene y mejora de manera sostenida y coherente.

 Durante los últimos años, el factor denominador común ha sido el respeto del precepto de continuidad del Estado, sobre la base de afianzar cada vez más el régimen de garantías jurídicas. Por eso, para estos tiempos resulta un estrépito inexplicable las advertencias sobre posible quiebra de ese régimen que garantiza la equidad, el respeto de la inversión local y extranjera, y la apertura hospitalaria para todo el que respete nuestra soberanía como Estado.

El reclamo del Estado dominicano por una mejor partición de beneficios en su sociedad con Barrick Pueblo Viejo  es un ejercicio de soberanía tan válido y legítimo como las garantías que han permitido que tanta inversión foránea y local prefiera asentarse en este país. Dejemos en  su páramo sombrío los fantasmas de la preocupación absurda.

Partidos y particiones

Si algo ha caracterizado nuestra historia política es la facilidad conque se fracturan los partidos por querellas internas entre sus dirigentes que no son zanjadas por medio de la negociación. Las posiciones inflexibles han ahondado hasta mínimas diferencias y han conducido  a expulsiones que terminan dividiendo a grupos con alguna vocación y posibilidad de alcanzar el poder. En el PRD y el PRSC ha pasado que un grupo expulsa a otro y el resultado es un debilitamiento inevitable. Y ha ocurrido también en grupos minoritarios.

Habrá que estar alertas para que no vaya a ocurrir que el síndrome de la división llegue a contagiar estructuras institucionales que por su función tienen que ver con los partidos políticos, de donde han provenido algunos de sus integrantes. Sería una tragedia que, del mismo modo que se dividen los partidos, se nos fracture la JCE por querellas que el diálogo puede resolver.