El martes de semana santa la prensa trajo un aviso de la Asociación de Empresas de Publicidad Exterior, integrada por ocho compañías, en que acusan al síndico de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, de cuando menos seis faltas graves que incluyen la arbitraria destrucción de propiedad privada.

El problema parece ser que este síndico tiene la pretensión de conseguir un nuevo reglamento sobre publicidad exterior y antes de lograrlo está desconociendo arbitrariamente el vigente, llegando al colmo de rehusar recibir el pago de impuestos según manda la ley. 

El comunicado viene “después de tratar de solucionar la situación en varios estamentos públicos y políticos pero no ha podido ser solucionada a través de la conversación y el espíritu de buena fe”.

Es extremadamente preocupante, y revelador de cierta corrosiva permisividad e impunidad, que un grupo de ocho empresas ligadas a los mayores grupos industriales y comerciales deba recurrir a una denuncia contra un funcionario electo, tras reclamar a la justicia y a las instancias políticas capaces de darle su cocotazo al travieso síndico.

Entre las alegadas faltas del síndico, conocido como “Juancito Sport”, están: “abuso de autoridad directamente y por el equipo que ejecuta sus órdenes; violación a la Constitución y expropiación ilegal de bienes; daños y perjuicios a los miembros de la asociación y a los propietarios de solares; uso de violencia contra empleados de las empresas asociadas y ocultamiento de bienes; demolición y confiscación sin juicio previo”.

A mí me parece enorme la gravedad de la denuncia pública hecha por una asociación cuyos integrantes son empresas reconocidas, cumplidoras de sus obligaciones fiscales, creadoras de empleos, parte importante del mercadeo de productos y servicios cuyas ventas mueven la economía. En cualquier comunidad cuyas autoridades respeten las leyes, a estas alturas, una semana después de la denuncia pública, cuando menos deberían haber iniciado alguna investigación seria para ver si hay culpables que deban ser sancionados o víctimas cuyos derechos deben garantizarse.

Creo que Don “Juancito” ha hecho una mala apuesta al equivocarse con la Asociación de Empresas de Publicidad Exterior, pues si no se plumean o transan en el trayecto, han regalado a la Justicia, en bandeja de oro, una excelente oportunidad para meter en cintura a los funcionarios que se creen por encima de la ley. Y por igual, al PLD, para actuar distinto a los pandilleros.