POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Toda la sociedad dominicana debería ser consciente de que una rápida desilusión con el gobierno a instaurarse el próximo 16 de agosto podría implicar una crisis del partidismo político y abrir las puertas a una etapa de incertidumbres que acabaría por hundir la economía nacional.

El mensaje deben recibirlo especialmente los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) algunos de los cuales ya lucen entusiasmados con la idea de hacer oposición al proyecto de reformas tributarias, cuya suerte depende en gran medida de ellos por ser la fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional.

Concierne también al empresariado en general y a los que tienen más que perder, donde se expresan renuencias sistemáticas a cargar equitativamente con el costo de la crisis, con escaso entendimiento de que los nuevos impuestos no pueden ser sobrecargados en los sectores de menores y medios ingresos.

MODIFICACIONES AL PROYECTO

Después de la ofensiva que puso prematuramente en jaque el proyecto de reforma fiscal presentado por el equipo técnico del PLD y sometido al Congreso Nacional por el presidente Hipólito Mejía los bates parecen haberse recogido un poco en el curso de la última semana, mientras se realizan negociaciones en busca de consenso.

El primer error pudo haber sido la prisa con que se armó el paquete y el no haber procurado algún consenso al menos con las principales fuerzas sociales, pero el segundo podría constituirlo el sólo hacerlo con los grupos empresariales de mayor poder, lo que incentivaría la resistencia popular.

Por de pronto ya los autores del proyecto elaboran modificaciones para complacer los requerimientos del sector financiero, de la publicidad y para mantener los incentivos a la inversión en la zona fronteriza.

En vez del gravamen del 15 por ciento a los intereses de los depósitos bancarios, se establecería uno a los cheques que se giran contra las cuentas corrientes, y el 10 por ciento a la publicidad pasaría de selectivo al consumo a Itebis, de manera que pueda ser deducido del impuesto sobre la renta.

Tras retornar al país el domingo, el presidente electo, Leonel Fernández, ha expresado dos veces su apertura a la búsqueda de consenso para las reformas, y al efecto empezó una serie de reuniones con diversos sectores.

Fernández se reunió el miércoles con los dirigentes del Consejo Nacional de Unidad Sindical, sin que se desprendiera un aliento a sus expectativas de un reajuste salarial que compense siquiera parte de las cargas impositivas por venir. Mucho menos se contempla indexar a los salarios la devaluación que han sufrido en los últimos 12 meses, cuando la inflación alcanzó el 62 por ciento.

¿NADA DE COMPENSACIÓN?

El doctor Fernández y su equipo técnico siguen sin contemplar un próximo reajuste salarial, considerando que “lo prioritario es enfrentar los factores de inestabilidad macroeconómica del país. Si se aumentan los salarios y la moneda sigue devaluándose no se ha hecho nada absolutamente”, expresó tras su reunión con los sindicalistas.

Como concepto general tendría razón el próximo mandatario, pero hasta el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industriales de Herrera han insistido en que será imprescindible algún nivel de reajuste salarial, si se quiere más modesto en el sector público, donde un achicamiento de la nómina y otras medidas de austeridad podrían habilitar recursos para su ejecución.

Los sectores empresariales más visionarios estiman que el nuevo paquete fiscal sería inflacionario y demandan alguna compensación salarial no sólo para hacer digerible las reformas fiscales, sino también para que no caiga abruptamente la capacidad de compra generando un período de excesiva recesión.

Entre el 60 por ciento de reajuste que piden los sindicalistas y nada hay una distancia grande que puede también ser objeto de negociaciones. Y no sólo para el salario mínimo, elevado entre octubre y enero en un 25 por ciento, sino para todos, como se hizo para saldar la crisis de 1990-91, cuando por ley se realizó un aumento del 40 por ciento, que ahora podría ser menor.

Se expresan temores de que los nuevos impuestos y la reducción de los subsidios a la electricidad y el gas propano, que también se contempla y todos los sectores consideran inevitable, generen una insatisfacción tan grande que haga perder abruptamente las ilusiones en el nuevo gobierno.

Como no se ha planteado una reforma fiscal equitativa, sino más bien un proyecto de recaudación de emergencia, las nuevas cargas fiscales se dirigen en por lo menos 80 por ciento al consumo, según reconocieron esta semana dos de sus promotores, dejando casi indemnes los impuestos a la propiedad y la renta, lo que inclina el peso sobre las clases medias, incluyendo a sus capas medias y bajas, agobiadas por la inflación.

El aumento del Itebis y de los selectivos al consumo de productos masivos más la reducción de los subsidios se reflejarán en elevaciones de precios del transporte, de alimentos y bebidas, del teléfono, el telecable, el gas propano, la electricidad y de casi todos los servicios.

NO CABE DEMAGOGIA POLÍTICA

Así como los sectores de mayores ingresos y los próximos gobernantes tienen que comprender la necesidad de mantener el equilibrio social, los líderes del PRD que pasan a la oposición el próximo mes, deben ser conscientes de que en las actuales circunstancias no cabe ninguna demagogia.

De la misma forma que las iniciativas de las reformas corresponden a las autoridades entrantes, depositarias del último mandato popular, los opositores, especialmente quienes salen del poder, están en la obligación de no obstruir el camino escogido.

Eso no significa que no puedan formular reparos y modificaciones, pero tampoco que apelen a la demagogia política, como algunos que ya adelantan su propósito de rechazar los impuestos básicos planteados y que pretenden hacerse graciosos con los intereses empresariales afectados.

Héctor Guzmán, miembro de una comisión de técnicos perredeístas constituida para analizar el proyecto de reformas fiscales, adelantó rechazo al aumento del Itebis y de los selectivos al consumo, así como del impuesto a los intereses de los depósitos, amparado en que “cuando nosotros aumentamos esos impuestos el PLD no estuvo de acuerdo”, lo que fue cierto pero en circunstancias menos dramáticas.

Apostar al fracaso en corto plazo del PLD conlleva graves riesgos, porque de empeorarse la situación los que obstruyan las reformas no pueden esperar beneficios. Menos quienes salen del poder dejando un grave deterioro económico y servicios básicos, como electricidad, transporte público y salud en descalabro.

Una prematura desilusión con el próximo gobierno difícilmente se traduzca en beneficio de quienes la población ve como responsables en gran medida de la crisis económica. Más bien podría cuestionar todo el estamento partidista y empujar el país por el camino que han transitado, Brasil, Perú, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Bolivia y otros donde el sistema partidista colapsó, generando emergentes políticos como Collor de Melo, Fujimori, Chávez, Serrano Elías y Bucarán, que en vez de abrir caminos condujeron a nuevos empantanamientos con graves crisis de gobernabilidad.

EL EJEMPLO DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ

Fue un acierto de Leonel Fernández recordar en sus declaraciones del domingo18 el caso del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez y convendría que él mismo lo evaluara suficientemente y no lo olvidara, pero también que lo consideraran los principales actores políticos, empresariales y sociales llamados a viabilizar las reformas con equidad imprescindibles para la recuperación económica nacional.

Pérez había gobernado a Venezuela en el período de 1974-79, cuando la cuadruplicación de los precios del petróleo sumió a ese país en lo que pareció un mar de abundancias. El derroche fue tan grande que pese a todos los petrodólares adicionales, que al principio no sabían que hacer con ellos, terminaron el quinquenio multiplicando la deuda interna y externa de 8 mil 434 millones a más de 100 mil millones de bolívares.

Una década después Pérez volvió a postularse a la presidencia en medio de graves apremios económicos para Venezuela, y pese a acusaciones de corrupción, la memoria de los “días de las vacas gordas” le permitieron obtener el 52.9 por ciento de los votos.

Carlos Andrés Pérez se juramentó el 23 de enero de 1989 y pretendió un ajuste económico tan fuerte que un mes y 4 días después originó un estallido social sin precedentes. Los días 27 y 28 de febrero las masas saquearon y destruyeron todo lo que estuvo a su alcance tanto en Caracas como en otras concentraciones urbanas. Dejaron chiquito el capítulo parecido que tocó al gobierno de Salvador Jorge Blanco con su paquete de 1984.

El gobierno de Pérez no pudo recuperarse de lo que quedó en la memoria venezolana como el Caracazo. Se contaron unos 300 muertos que mancharon para siempre su carrera política. Tuvo que recortar los reajustes y no logró la recuperación económica. Lo persiguieron dos insurrecciones, protagonizadas por el coronel Hugo Chávez y terminó destituido y enjuiciado unos meses antes de terminar su mandato.

Con Pérez naufragó no solo su partido Acción Democrática, sino también el social cristiano COPEY, las dos organizaciones políticas que se habían alternado en el poder durante tres décadas. Eran partidos que parecían inamovibles, pero su autodescrédito los liquidó en el alma de los venezolanos.

Tras un interinato de Ramón Velásquez, se improvisó una fórmula electoral ecléctica encabezada por el expresidente social cristiano Rafael Caldera, al margen del COPEY, que devino en otro fracaso. El terreno quedó libre para el coronel Hugo Chávez, quien ha gobernado a Venezuela desde 1999, en circunstancias de permanente crisis política y económica y aquellos dos partidos siguen sumidos en el desprecio popular.-