Diecinueve días de incineración sin control de desperdicios en un marco de incapacidad gubernamental y municipal para vencer grandes focos de gases tóxicos, deben ser motivo para avergonzarse. Este es un país en el que la propaganda sobre supuestos «éxitos y progresos» nacionales fue lanzada claramente como embestida de comunicación electoral sin equidad, cometiéndose un desprecio injustificable a las urgencias y prioridades, subrayándose una vez más que el sector público no maneja eficazmente el problema de la basura. El incendio que golpeó a Haina, una zona de importancia habitacional e industrial a la vez, requirió para sofocarlo los exiguos recursos de un municipio estrangulado por la centralización acaparadora de presupuesto, presidencialismo que anula las autonomías de mandato legal.

Un predominio político y gubernamental que resultó peor para una empobrecida alcaldía porque en el comienzo traumatizante del siniestro careció totalmente de la ayuda del Gobierno central. Desidia parecida a la vivida a propósito del virtual desplome del suministro eléctrico que llegó a los extremos en el momento en que las máximas autoridades del sector energético, como las de otras institucionales oficiales, volcaban su atención hacia la opción electoral que todo un Estado patrocinaba parcializándose en franca violación al compromiso de neutralidad que le corresponde y es de obligación institucional.

¿Minimizar y conformarse?

Cerrar los ojos con irresponsabilidad ante lo que llaman «el hecho cumplido» (después del golpe dado…) sería negarse sin medir consecuencias a proteger la democracia escogida por los dominicanos para existir como nación y Estado. No es momento de dar la espalda a los cuestionamientos que una de las partes en el proceso de primarias formula bajo inventario de actos que no pueden quedar envueltos en sombras; menos aun en el umbral de procesos similares. Las dudas perseguirían riesgosamente al sistema electoral si no se arrojara luz sobre las objeciones. El derecho a pedir cuentas, que no desaparece por comportamientos particulares de nadie, está validado principalmente porque el país merece superar las mañas antidemocráticas y no repetir fracasos del pasado. Debe perfeccionar las consultas ciudadanas y fortalecerse institucionalmente.