En tiempos pasados, las pandemias se vivían en medio de la desinformación, incertidumbre y miedo, junto a la esperanza-certeza de que al final de esa circunstancia vendría como recompensa un mundo donde todo sería mejor. Hoy, a diferencia de antes, existe una capacidad de generar informaciones que pueden poner al desnudo las falencias de las instituciones de los países y también la fortaleza de éstas. Esa capacidad es determinante para que la gente tenga o no esperanza sobre su futuro. En nuestro caso las actuaciones del Gobierno, evidenciadas por los medios de comunicación, agravan los efectos de la pandemia y limitan la esperanza de que al final estaremos mejor. Todo lo contrario.
Para enfrentar una pandemia, es fundamental la confianza en quienes están al frente de las instituciones del Estado. Aquí, ese flagelo nos tomó en el peor momento de credibilidad que haya tenido este Gobierno, sobre todo en lo concerniente a la institución Salud. También, llegó en medio de una profundísima crisis política, signada por el aborto de las pasadas elecciones municipales en febrero pasado, que provocó el más vasto sentimiento de repulsa contra un gobierno en las últimas 4 décadas. Además, aparte de su contenido sanitario, la pandemia adquiere aquí una dimensión política, social y económica como posiblemente en ningún otro país.

La peste nos toma con un gobierno que agoniza en su demostrada incompetencia, indolencia y falta de todo sentido de la ética y la moral en el manejo de la cosa pública. Sobran ejemplos que evidencian que esta administración no merece la más mínima confianza para gestionar la presente crisis política-sanitaria que nos acogota. Este gobierno clama ayuda a instituciones internacionales y nacionales para enfrentar la pandemia, pero en medio de esta situación regala casi 400 millones de dólares a Odebrecht como “pago adicional” al doloso contrato suscrito con esa empresa para la construcción de Punta Catalina.

La pandemia es aprovechada por el candidato presidencial oficialista para financiar, con dinero de turbio origen, vuelos chárteres de “solidaridad” y repartir mascarillas. Lo ayuda el vocero del gobierno, que en su cuenta de Twitter informa que ese candidato “dispone un programa de fumigación” para San Francisco de Macorís. En un país gobernado con un mínimo de decencia, ningún vocero del gobierno cometería tal barbaridad. Tampoco que en un momento de pandemia, por la desinformación se produzcan grandes aglomeraciones frente a los supermercados para hacer compras, violando el protocolo de los organismos internacionales de salud y de su propio ministerio.

Constituye una ofensa a la dignidad y derechos ciudadanos que los principales hospitales del país, construidos básicamente con dineros públicos, se nieguen a recibir a contagiados con covid-19. Que se militaricen municipios sin consultar con las autoridades competentes, al igual que se cierren puentes para aislar municipios sin programa alguno que oriente esas acciones. Por otro lado, en los países afectados no hay una sola forma de contabilizar las muertes, los contagiados y los sanados, produciéndose importantes niveles de subregistros. Eso falsifica la información. Si eso sucede en países, donde la información es generalmente transparente, qué sería aquí con unas autoridades acostumbradas a mentir.

Para enfrentar esta crisis, es imprescindible la participación de diversas organizaciones políticas, sociales, económicas y de individualidades. Solo, un gobierno enfermo de desconfianza no lo puede hacer y, además, empeora la situación.