El FMI hizo saber hace 45 días que el gobierno no había superado estadísticamente la Séptima Revisión del Acuerdo Stand-By, que al mes de junio había incumplido las metas fiscal consolidado y corriente del sector eléctrico, además de retraso en la agenda de reformas estructurales. Las discusiones se trasladaron a Washington y después de varios viajes los funcionarios dominicanos oficialmente no han dicho nada, siendo evidente que el Acuerdo Stand By está en un limbo técnico. Para salvarlo el FMI deberá otorgar dispensas, incluso por el engaño de tenerse dos balances sobre el déficit del presupuesto, el computado por el Banco Central que se acerca a la realidad y el del Ministerio de Hacienda.

Lo que no acepta es que el gobierno, por razones electorales y no por convencimiento, se niega a aplicar la tarifa técnica en el sector eléctrico, después de comprometerse por escrito. Un error del gobierno, porque encarecer la energía eléctrica más de lo que está, además de afectar la productividad y competitividad de la economía, aumenta las pérdidas. 

Como consecuencia, el FMI, Banco Mundial y el BID no desembolsan un total de US$720 millones que están en el presupuesto del 2011. En tres partidas el FMI entregaría al Banco Central US$510 millones, monto que se sumaría a los US$665.5 millones que en préstamos y para el mismo propósito ha recibido la entidad bancaria desde finales del 2009.

Más allá del tranque técnico, preocupa que el país haya tomado demasiado dinero prestado y que la estructura de la deuda no es la mejor, que la de rápido vencimiento sea muy importante, haciendo que el promedio no supere los cinco años. Ese solo hecho hace vulnerable el presupuesto, sin contar los efectos que producen los aumentos de intereses, reducción del crecimiento de la economía y variaciones del tipo de cambio. En términos de educación, salud y bienestar, enorme es el sacrificio que actualmente estamos haciendo para pagar la deuda y mayores serán en los próximos tres años, según la programación del Ministerio de Hacienda.

Es la razón por la que Hipólito Mejía ha estado reclamando una política que elimine la práctica de endeudarse para cubrir hoyos provocados por el exceso de gastos. Porque el problema no es si tenemos solvencia crediticia, sino el uso que se está dando a los préstamos. Como la mayoría de los nuevos endeudamientos carecen de contrapartida de producción potencial, además de la tarifa técnica, el FMI debe evaluar lo que resulta muy evidente, que a este gobierno solo interesan los beneficios de la deuda y dejarle al PRD sus consecuencias.

EL FMI es una institución pública transparente que exige igual comportamiento a los gobiernos. Debe estar preocupada con los engaños reiterados de los peledeístas que han socavado la política y la confianza de los inversionistas, poniendo en peligro el éxito del programa.  El más reciente fue la aprobación del presupuesto del 2012, con déficits oculto por haber abultado los ingresos en 20%, brecha que deberá cubrirse con nuevos impuestos y/o endeudamientos. El FMI lo sabe, tiene la responsabilidad de frenar los desafueros gubernamentales.