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WASHINGTON, (AFP).- La ley estadounidense no puede ser más clara: cualquier ayuda militar o financiera a un país cuyo gobierno fue derrocado por el ejército debe ser cancelada. Pero tres días después de la destitución de Mohamed Mursi de la presidencia de Egipto, Washington seguía sin pronunciarse.
Los malabares verbales de Barack Obama y otras autoridades estadounidense para evitar la expresión tabú «golpe de Estado» reflejan la voluntad de no debilitar a los generales egipcios, amenazándolos implícitamente en caso de que no organicen rápido elecciones libres.
«Ninguno de los fondos (…) pueden servir para financiar directamente una ayuda al gobierno de un país en el que el jefe de gobierno debidamente electo es depuesto por un golpe de Estado militar», reza un artículo de la ley presupuestaria, que se aplica desde 1985. Otra cláusula detalla que Egipto debe «respaldar la transición hacia un gobierno civil».
Pero desde 2012, los secretarios de Estado John Kerry y Hillary Clinton levantaron esta condición para otorgar créditos en nombre de la seguridad nacional. La ayuda militar (1.300 millones de dólares en 2013) cubría cerca de 80% de las compras anuales de equipamientos del Ejército egipcio.
Los créditos para 2013 ya fueron otorgados, pero en la práctica, Estados Unidos financia contratos escalonados a varios años con fabricantes estadounidenses, sobre todo de carros y cazas. «No es como si los egipcios recibieran un cheque de 1.300 millones de dólares», explicó Robert Satloff, director del Washington Institute for Near East Policy, a la AFP.
«El gobierno puede decidir bloquear las entregas», agregó. «Pero espera ver cómo evoluciona la situación en Egipto antes de tomar una decisión». Un contrato de 20 cazas F-16 fue firmado en 2010 con Lockheed Martin, de los cuales cuatro fueron entregados en enero, según un informe independiente del Congreso (12 al mes de abril, según Fox News).
Desde 1980, más de 220 F16 fueron dados a los egipcios.
Elemento de presión.
Barack Obama se declaró «profundamente preocupado» por la destitución del presidente Mursi e indicó que su gobierno «examinará las implicancias legales» con respecto a la ayuda que Estados Unidos proporciona al gobierno egipcio. Según Tamara Cofman Wittes, exresponsable en el Departamento de Estado y hoy en la Brookings Institution, esta declaración fue realizada para incitar al gobierno de transición a dar rápidamente garantías democráticas.
No haber mencionado las palabras golpe de Estado «da tiempo a los gobiernos de Estados Unidos y Egipto para mantener una serie de conversaciones sobre las intenciones del Ejército, la hoja de ruta y el calendario», dijo a la AFP. Tanto los responsables demócratas como los republicanos del Congreso prefirieron usar otras formulaciones que la expresión «golpe de Estado».
El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, hizo referencia el viernes a «la decisión del ejército egipcio de recuperar la autoridad del Estado de las manos de los Hermanos Musulmanes».
Y aunque algunos legisladores, como el demócrata Patrick Leahy, pretenden cuestionar la ayuda militar, el senador republicano Bob Corker consideró por su parte que era necesario primero «tener en mente los intereses vitales de seguridad nacional».
Estos intereses incluyen entre otros la seguridad del canal de Suez, dijo a la AFP Michael Rubin, experto sobre Medio Oriente en el centro de reflexión conservador estadounidense American Enterprise Institute.
«El canal de Suez es muy importante, porque todos los barcos de nuestra costa Este pasan por el canal de Suez para llegar al Golfo Pérsico, vía el Mediterráneo», recuerda. El calendario parlamentario estadounidense da poco margen de maniobra a El Cairo: el monto de la ayuda para el año presupuestario 2014, que comienza el 1 de octubre, recién debería ser sometido a votación después del verano boreal.
