Hoy 
La supervivencia de la democracia de los países del hemisferio está bajo una amenaza silente, pero real y grave. El Presidente Leonel Fernández ha llamado la atención sobre ello, con su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
De manera especial, el tráfico de armas y drogas constituyen la parte más dramática de esa amenaza. Las cantidades enormes de dinero manejadas por el narcotráfico han sido capaces de permear las estructuras mismas de los estados, muchas de cuyas autoridades han sucumbido ante el soborno y se han hecho cómplices y socios protectores de esta práctica.
Pero, aunque es una preocupación que concierne a todos los países, en el plano particular nuestro la preocupación del Presidente Fernández tiene una justificación irrebatible: somos el vecino más cercano de un Estado que no ha logrado organizarse, con grupos delincuenciales que cuestionan severamente la autoridad y que han convertido Haití en un gran almacén de trasbordo de drogas.
-II-
Esa particularidad no sólo dificulta que el Estado haitiano logre institucionalizarse, sino que representa para la República Dominicana riesgos enormes.
La interdicción a que se refirió el Presidente en su discurso ante la ONU no es posible todavía en Haití y eso facilita de manera inimaginable los propósitos de traficantes de drogas, armas e indocumentados.
De más está decir que para la República Dominicana sería virtualmente imposible, por sus altos costos sociales y financieros, el sellar la frontera y endurecer los controles.
La manera viable de lograr enfrentar el peligro de la infiltración del narcotráfico es ayudando a Haití a organizar y fortalecer sus instituciones de Estado y ponerlo en capacidad de desarrollar conjuntamente con la República Dominicana planes de interés común, incluyendo esa interdicción tan necesaria de que ha hablado el Presidente.
La Organización de las Naciones Unidas está llamada a ponderar la delicadeza de estos planteamientos y a propiciar, a través de sus diversos organismos especializados, esa fortaleza institucional que en el caso particular de esta isla se requiere en el lado haitiano.
¿Sacrilegio?
Una de las más formidables garantías de impunidad es aquella que deja en el anonimato la identificación del que ha cometido la falta.
Es por esa causa que mucha gente reincide en violaciones a las leyes, pues mientras el nombre esté protegido no habrá pruritos ante la sociedad.
Muy a propósito de lo anterior hay que citar el caso de las dichosas declaraciones juradas de bienes que deben rendir, por mandato de ley, todos los funcionarios del Estado. Como ninguna autoridad ha sido capaz de publicar los nombres de quienes faltan tan groseramente a la ley, se reedita la práctica, sospechosa por demás, de resistirse a poner en blanco y negro sus cuentas personales. ¿Acaso teme la autoridad que hacer cumplir lo que la ley ordena es, en este caso, una especie de sacrilegio?
