El asesinato en Guatemala del abogado Rodrigo Rosenberg tres días después de que había grabado un vídeo advirtiendo de esa posibilidad y responsabilizando al presidente de esa nación, es una ocurrencia insólita que no puede pasar desapercibida ni diluirse en el tiempo sin que sea esclarecida hasta las últimas consecuencias.

 Es impresionante el vídeo difundido en la nación centroamericana y puesto a disposición universal en diversos sitios de Internet. Durante 15 minutos la víctima abundó sobre sus temores de ser asesinado por su condición de abogado del empresario Khalil Mussa y de su hija, muertos violentamente el 14 de abril en la capital guatemalteca.

 Probablemente nunca había quedado una grabación con párrafos como este: “si usted está viendo este vídeo es porque yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Alvaro Colom y de Sandra de Colom”, la primera dama.

 La grabación se efectuó el jueves y el domingo Rosenberg cayó abatido a balazos mientras practicaba ciclismo en una calle de la capital guatemalteca. Testimonia que el empresario Mussa fue asesinado junto a su hija por haberse negado a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian cada día en el Banrural”.

Mussa formaba parte de la junta directiva de esa institución crediticia de capital mixto, estatal y privado.

En medio de crecientes demandas de que estos crímenes sean esclarecidos y no queden en la impunidad, el presidente Colom ha afirmado su inocencia, pero no parecen suficientes sus afirmaciones de que el vídeo es falso, ya que el abogado no sólo fue asesinado, sino también enterrado.

 Tampoco es suficiente atribuir las acusaciones a un complot contra la institucionalidad de esa nación, bien débil por cierto, ya que ostenta el nada envidiable récord de ser probablemente la única del mundo donde hubo que crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por iniciativa de las Naciones Unidas y aceptada por el Estado.

La comisión quedó instituida en diciembre del 2006, cuando el gobierno que antecedió al actual firmó un protocolo con las Naciones Unidas. Su objetivo fundamental es fortalecer y ayudar a las instituciones del Estado a investigar y procesar a los responsables de delitos penales derivados de la actividad de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de pretendida seguridad.

Guatemala es con mucho el país latinoamericano de mayor número de asesinatos políticos y sociales que se cuentan por millares durante más de medio siglo, sin perdonar al liderazgo político, sindical, campesino y hasta religioso. Esa violencia viene en declive en los últimos años pero parece que todavía está lejos de ser controlada.

La muerte del abogado Rosenberg es un desafío bien serio para el presidente Colom, quien ascendió al poder hace año y medio despertando expectativas de cambios institucionales y sociales que para nada sería sorprendente que hayan quedado en el olvido al influjo del poder, como ocurre constantemente en nuestros países.

El desafío se extiende también a la CICIG, que opera bajo la jurisdicción de un comisionado designado por el secretario general de la ONU, y a la que se ha pedido que se haga cargo de investigar este crimen, lo que debería extenderse también al que afectó al empresario Mussa y su hija.

Lo que no debe ocurrir es que quede en la impunidad un crimen preanunciado por la víctima, quien además señaló las razones que lo generarían.

Mientras tanto, hay que convenir en que Macondo no fue un invento literario de Gabriel García Márquez, sino expresión del surrealismo latinoamericano.