En un angustioso intento de supervivencia, tan intenso como inútil, el Partido de Liberación Dominicana (PLD) publica en espacio pagado una página completa bajo el título: “Gobierno quiere hacer política desde los tribunales. El PLD lo enfrentará”.

Con esta provocadora amenaza, que a nadie atemoriza, se propone desacreditar la política emprendida por Gobierno que preside el Lic. Luis Abinader Corona, enfrascado en una tenaz lucha sin cuartel para ponerle coto, “caiga quien caiga”, al estado de descomposición social, de corrupción e impunidad que imperó durante el período gubernamental de dicho partido (2008-2020) llegando a su extremo durante la última gestión del expresidente de la República Danilo Medina, actual presidente de dicho partido, fundado por el insigne profesor Juan Bosch, “para servir al Pueblo”, habiendo sido frustrado su sueño e ideales democráticos.

Como partido de oposición el PLD está en su derecho de criticar y denunciar como le parezca a su adversario. Esa es su misión.

Pero con sólidos argumentos y razones que las acrediten y vayan al unísono acompañada con el pensar y sentir el pueblo dominicano, como ocurrió con las manifestaciones multitudinarias de la Marcha Verde, las concentraciones en la Plaza Independencia y los votos del pueblo depositados en las urnas libre y democráticamente que puso la tapa al pomo al desacreditado mandato del PLD y sus aliados.

Contrario a lo afirmado en aquel libelo, sin fundamento que lo justifique, lo primero que hay que hacer y se ha venido haciendo como política de este Gobierno, respetuoso de los poderes del Estado, es investigar minuciosamente cada caso, comprobar si los hechos imputados hubo o no hubo falta alguna que lo incrimine, respetando el debido proceso. Así ha venido sucediendo.

El Ministerio Público, reunidas las pruebas y testimonios que verifican los hechos imputados violatorios de la ley somete a la acción de la Justicia ante la jurisdicción correspondientes (penal, civil, laboral o administrativo) a él o demás inculpados, sin distingo ni rango, para ser juzgados como manda la Constitución y las leyes de la República, debiendo el presidente de dicha jurisdicción designar por sorteo al juez de la Cámara que conocerá y fallará el caso sometido a su consideración.

El presidente Abinader está consciente de sus atribuciones y de los demás poderes del Estado. Designó como procuradora general de la República a una magistrada reconocida por su integridad, honestidad e independencia, y esta al personal bajo su dependencia.

Abinader hace lo suyo: si algún funcionario falta a su deber o flaquea en el cumplimiento de sus funciones, igual que lo nombra lo destituye por decreto.

La creación de la Dirección General de Ética e Integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch vela por sus funciones, lo mismo que la Procuraduría General de la República y el Ministerio Publico, “sin paños tibios ni preferencias”. Sin bravuconadas.