Un grupo de notarios favoreció la derogación de la nueva ley notarial porque entienden, al igual que otros sectores, que tiene tarifas excesivas, crea conflictos de jurisdicción y afecta los servicios públicos.

Los notarios disidentes de la posición de su colegio sostuvieron una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, a quien le manifestaron su interés de motivar una nueva ley de consenso que sustituya la controversial 140-15, que entró en vigencia recientemente.

Al final del encuentro, Cecilio Gómez Pérez y Teófilo Rosario, voceros, explicaron que entienden, que en vez de los honorarios que se establecieron en la ley, debe indicarse que los notarios cobren una tarifa o arancel, tal como lo hacen los oficiales civiles, porque se tratan de servicios públicos los documentos notariales.
Gómez indicó, además, que hay que revisar el aspecto en que se establece que los notarios intervengan en asuntos litigiosos

“No es posible que el notario tenga actividad en asuntos litigiosos; está para actuar en asuntos no litigiosos, y más aún, para evitar que en los asuntos que él intervenga se conviertan en litigios, porque es una labor de justicia preventiva que hace el notario”, expresó.

Señaló que otro aspecto negativo de la ley es que otorga a los notarios prerrogativas que corresponden a los alguaciles.
Otro elemento es el relativo al fondo de pensiones, porque lesiona derechos adquiridos de los notarios.
n, para avocarnos en una ley que pueda cumplir con el servicio público que está llamado a cumplir el notario”, manifestó el doctor Gómez.