Uno de nuestros signos más notables de atraso es la incapacidad para contar con un suministro de electricidad estable y  tarifas razonables. El hecho de que vivamos de crisis en crisis en ese servicio vital para la economía, que falte transparencia en el trato que prodigan a los usuarios los distintos actores de la explotación del negocio y que no haya autoridad capaz de cuestionar el comportamiento de estos sectores, es un factor que apuntala la percepción de atraso.

Discrepancias entre generadores y distribuidores, atrasos en pagos, incapacidad para cobrar toda la electricidad servida, costos pocos transparentes y otras barbaridades le dan forma al cuadro calamitoso del servicio energético.

Hasta demostración en contrario, la  capitalización de la empresa pública por parte del sector privado no ha logrado anular la ineficacia de un servicio energético que por sus precariedades parece estar en bancarrota, aunque resulta bastante rentable. El país, su industria, el comercio y los usuarios comunes viven obligados a suplirse su propia electricidad con unidades de emergencia de baja eficiencia, que son responsables de una proporción muy alta en el consumo total de combustibles y la contaminación por gases y ruido. No ha habido manera de sintonizar las instancias del sistema para que tengamos como producto final un servicio eficiente y a costo razonable.

La nueva Cámara de Cuentas

Más que un ejercicio contable para fiscalizar el manejo de las cuentas públicas, los integrantes de la Cámara de Cuentas se enfrentan al desafío de restablecerle a ese organismo  la credibilidad perdida en virtud de discrepancias y querellas entre sus anteriores miembros, que obligaron a un juicio político, renuncia y destitución. Después de aquel circo, la solemnidad de la Cámara de Cuentas quedó maltrecha y rescatarla es, sin duda, un gran desafío.

Lo primero es que los integrantes de la Cámara de Cuentas tienen que liberarse de una especie de pecado de origen, pues la procedencia política de algunos de ellos podría, sin desmedro de las virtudes personales, influir en la percepción que motiven en la sociedad los actos que emprenda ese organismo. Institucionalmente, deberá vencer la resistencia a la transparencia que domina los actos de algunas instancias públicas. El deseo es que el país llegue a tener motivos para aplaudir sus actuaciones.