LAS TERRENAS. Samaná. Un inversionista en el área de la inmobiliaria turística denunció el atropello de que alegadamente fue objeto por supuestos  funcionarios  de Bienes Nacionales, quienes acompañados de militares irrumpieron en una finca de su propiedad, ubicada en el entorno del Bulevar del Atlántico, de este municipio.

Manuel Sarante García dijo, además, que el encargado de la finca, en la que ha invertido en infraestructura más de nueve millones de dólares, fue amenazado de muerte por los representantes de la institución oficial y por los militares, al resistir ser sacado a la fuerza, mientras destruían la alambrada perimetral y las plantaciones.

Precisó que la parcela de un millón 215 mil metros cuadrados la comprobó hace tres años a los dos legítimos propietarios, amparados en respectivos certificados de títulos, por lo que considera que la acción  representa una flagrante violación a la propiedad privada.

 Sarante García advirtió  que ante ese atropello, procederá a demandar en reparación de daños y perjuicios a los funcionarios de Bienes Nacionales

Indicó,  además, que el encargado de la finca, Vinicio Acosta, también se querellará ante el Ministerio Pública en el municipio de Nagua, por supuesta amenaza de muerte y atropello, de que fue víctima de parte de la brigada que irrumpió en dicho terreno.

“Estoy procediendo a constituirme en parte civil para demandar por daños y perjuicio a los dos representantes de esa institución en Nagua, porque cometieron un atropello en mi contra, destruyeron inversiones millonarias que he realizado en mi propiedad y por el ultraje de que fue objeto mi empleado”, abundó el señor Sarante García.

Precisó que levantó un acto de alguacil en el que se comprueba los daños ocasionados a su propiedad, así como del atropello perpetrado al encargado de la finca, y que además posee los dos títulos de propiedad que le amparan como el legítimo propietario de esos terrenos. 

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Al presidente

Pidió la intervención del presidente  Leonel Fernández, a fin de que ordene cese el atropello en su contra, tras advertir que no permitirá que mediante subterfugios se le pretenda despojar de un patrimonio que adquirió legalmente mediante compra a  sus legítimos propietarios.

Sarante García dijo desconocer el motivo por el cual los funcionarios cometieron ese abuso.