Un jurado popular ha declarado esta noche culpables de un delito de homicidio a tres de los cuatro acusados de matar a un joven dominicano en León y cómplice al cuarto encausado por encubrimiento.

No obstante, el veredicto del jurado diferencia distintos niveles de responsabilidad después de que la fiscalía señalara a uno de los acusados, el dominicano E.C.C., como autor material, por lo que pide una pena de 14 años por homicidio y otros 18 meses por tenencia ilícita de armas.

Para otro de los acusados de la misma nacionalidad, A.M.A., solicita 14 años por homicidio, 12,5 para el colombiano H.C.V. por el mismo delito con atenuantes y 8 para el también dominicano J.L.J. por cómplice.

El juicio por esta causa concluyó a primera hora de la tarde del miércoles en la Audiencia de León tras tres jornadas en las que declararon los acusados, testigos y peritos después de que el pasado viernes quedará constituido el jurado popular, formado por seis hombres y tres mujeres.

El principal acusado de la muerte del joven dominicano afirmó el lunes durante su declaración que todo se debió a un accidente y aseguró que el arma homicida era propiedad de la víctima y que se disparó en un forcejeo cuando trató de quitársela al temer por su vida. E.C.C. responsabilizaba a la víctima del robo que el mismo día del crimen habían cometido dos desconocidos en su casa, de la que supuestamente se llevaron 40.000 euros y diversos aparatos tecnológicos.

Por este motivo, según sostenía la Fiscalía, urdió con los otros tres acusados, H.C.V., A.M.A., y J.L.J., un plan para matar a Dawry Vilorio, con quien quedaron esa misma tarde, sin bien en las conclusiones finales señala a estos tres acusados como cómplices y rebaja la pena solicitada.

Según la Fiscalía, con los cuatro acusados y la víctima en un coche propiedad de H.C.V., se dirigieron a la localidad de Villavente (centro de España), pero antes de llegar se metieron en un camino de tierra.

En un momento determinado, según sostiene la Fiscalía, H.C.V. paró el coche, se bajaron los cinco y E.C.C. conminó a la víctima mediante amenazas a que confesará el robo y le devolviera el dinero y finalmente le disparó en la cabeza, causándole la muerte de forma casi instantánea.

Seguidamente, los cuatro acusados huyeron del lugar, aunque la Fiscalía sostiene que regresaron minutos después para llevarse el teléfono y documentación de la víctima.

El arma no fue hallada ni el teléfono y la cartera del fallecido, cuyo cadáver fue localizado dos días después del crimen por una persona que paseaba por el lugar.

Tras una intensa investigación, los cuatro acusados fueron detenidos dos meses después de los hechos en el barrio de La Inmaculada de la capital leonesa.

Frente a las tesis de la Fiscalía, E.C.C. afirmó en su declaración que sospechó de la víctima porque era la única persona que sabía que tenía ese dinero en casa y por eso quedó con él el mismo día del robo con la intención de intimidarle para que le devolviera el dinero.

Por ese motivo explicó que llamó a los otros tres acusados con el objetivo de que la intimidación causará más efecto, y aseguró que una vez en el lugar del crimen fue la víctima la que sacó una pistola y le amenazó y en el forcejeo se disparó y la alcanzó en la cara sin que fuera consciente de que había apretado al gatillo.

“Nunca hubo intención de matar a nadie solo de asustarle para sacarle información y que devolviera lo que había robado”, apostilló. H.C.C alegó que solo era el conductor de E.C.C., para el que realizaba trabajos de esta naturaleza con asiduidad a cambio de pequeñas cantidades de dinero, y recalcó que el día de los hechos no sabía el lugar al que se dirigían ni el objetivo.

La otros dos acusados recalcaron que no hubo ningún plan previo para urdir el crimen y que fueron los primeros sorprendidos al ver lo que pasaba.

También señalaron que una vez efectuado el disparo mortal, E.C.C. los encañonó y amenazó con matarlos a ellos y a sus familias si contaban algo de lo sucedido.

Por estos hechos, E.C.C. permanece en prisión desde el 4 de mayo de 2020, mientras que los otros tres acusados fueron puestos en libertad provisional en julio de ese año.