La deuda que asume el Gobierno compromete no solo a la administración del Estado, sino a todos los sectores nacionales. Y a partir de ese axioma, el tamaño de la deuda, sus límites de sostenibilidad, debería ser por fuerza fruto de un consenso o pacto social que defina no sólo cuánto hemos de tomar prestado, sino también la calidad y utilidad de la inversión que hagamos. Aquí la deuda externa es creciente y recurrente, y en la misma medida que crece, aumentan las razonables preocupaciones entre los actores económicos y estudiosos de las finanzas.
El Gobierno tiene que acceder a negociar un pacto fiscal que le ponga topes al endeudamiento y el gasto y a la calidad de ambos. Aquí hay débitos y erogaciones de costos onerosos que han sido creados unilateralmente. No podemos seguir completando el monto del Presupuesto General del Estado en base a lo prestado. Estamos engordando una hipoteca que comprometerá fuertemente a varias generaciones, y eso significará una retranca para el progreso del país. El pacto fiscal debe ser un compromiso de lealtad entre gobernantes y gobernados.
Lo que hay que pagar cada año por concepto de capitales y servicios de la deuda se sustrae de lo que debe ser invertido en desarrollo humano y creación de empleos y bienestar social. Es hora de ponerle un freno al endeudamiento y optimizar la calidad del gasto.

El obsoleto recurso del paro

El Colegio Médico Dominicano (CMD) debe asimilar la lección. La paralización de los hospitales solo perjudica a los pobres, pero deja intacta la firmeza de una autoridad sanitaria que no solo se niega a negociar a brazo torcido, sino que además sabe muy bien que la huelga es un instrumento de campaña en manos de una facción del CMD que quiere continuar en el mando del gremio y cerrarle el paso al relevo con más posibilidades. El último paro no logró su objetivo, ni lo lograron los anteriores y es previsible que tampoco los que están en agenda.
La gente que necesita atenderse en los hospitales sabe muy bien que los médicos que les niegan los servicios siguen laborando en las clínicas, en las que no son capaces de poner en práctica su método cruel para demandar las reivindicaciones que exigen al Estado.