Un mal día.- Decir que el flamante Ministro Consejero y Cónsul en Bellavere, Haití, Andrés Boció Fortuna, “no ha sido condenado en firme” por las acusaciones de tráfico de personas que se le hicieron cuando se desempeñaba, precisamente, en el mismo cargo (Cancillería dispuso su cancelación en el 2007 luego de que una investigación determinó que operaba dos consulados clandestinos) en el que acaba de ser designado, es el peor argumento al que se puede recurrir para justificar esa decisión. Y es que este y cualquier gobierno está obligado, por respeto a sus gobernados, a guardar ciertas formas, aunque solo sea para dar la apariencia de que le interesa poner a gente idónea a manejar dineros públicos. ¿Quién nombraría como gerente de un banco a un hombre acusado de desfalcar a otra institución bancaria? Tampoco fue buena idea del portavoz presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, mandar a la prensa a indagar el pedigrí de Boció Fortuna, pues esa es una responsabilidad indelegable del gobierno, que se supone no va a nombrar a cualquiera en un cargo público sin averiguar primero de qué pie cojea, y mucho menos lavarse las manos alegando que no está en capacidad de indagar sus andanzas o su prontuario. ¿Para qué están entonces los organismos de inteligencia del Estado? ¿Quién va a creer que en el gobierno no sabían que el 9 de mayo de este mismo año Boció Fortuna fue apresado por miembros del G-2 del Ejército cuando transportaba en su yipeta a quince haitianos ilegales desde Comendador hacia el Distrito Nacional? ¿Que por qué no fue sometido a la justicia? Porque los políticos, sobre todo si están en el gobierno, pueden hacer lo que les dé la gana en este país y para colmo los premian. A veces es preferible el silencio cómplice y encubridor a las cínicas explicaciones que suelen dar los gobiernos a ciertas decisiones, pero no creo que ese sea el caso, ni la intención, de Rodríguez Marchena. Un mal día lo tiene cualquiera.