Hace poco, dos individuos penetraron a un establecimiento comercial y sin mediar muchas palabras, sencillamente le entraron a tiros al propietario. A bordo de una motocicleta, velozmente emprendieron la huida dejando detrás un cadáver cuya sangre aún caliente corría por el piso, tiñéndolo de rojo. Este hecho sorpresivo y alarmante no es único. El mismo forma parte de la gran ola delictiva y violenta que azota hoy a la República Dominicana. Aunque los medios de comunicación no sacan a la luz pública todos los casos, es raro el día que no tengamos historias de derramamiento de sangre en esas calles de Dios. Pero ya no es una violencia producto de la simple ratería, sino que en el país se ha establecido ya una especie de negocio de la muerte. Los llamados sicarios por un par de pesos están listos para arrancarle la vida a quien sea y de la forma que se quiera. La situación es difícil. Muchos ciudadanos sienten mucha preocupación por lo que está ocurriendo con la seguridad en la nación.

Nadie está seguro. Cualquiera puede ser víctima en la calle, en su negocio, en la casa y en cualquier parte.

La violencia y la delincuencia a todos los niveles parecen estar por encima de la capacidad de respuesta y control de las autoridades.

 La solución a este mal no radica en cambios de rostros dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas.

Esto requiere de la creación de políticas serias, responsables y contundentes por parte del Estado. Lo que ocurre en los tribunales es preocupante.

Está claro que  el Gobierno, los legisladores, las autoridades y la sociedad en general tienen que avocarse a un replanteamiento de las medidas usadas hasta ahora para garantizar la seguridad ciudadana.

Evitemos más daños al país.