El auge del crimen organizado tiene en zozobra a nuestra sociedad y es una amenaza muy seria contra la integridad de nuestras instituciones. La respuesta de nuestros organismos de protección no ha sido lo suficientemente disuasiva. Un vínculo cada vez más frecuente de policías y militares con las fuerzas del mal nos indica que algunos de nuestros pilares institucionales están siendo penetrados y corroídos de manera peligrosa.

La respuesta violenta a la violencia criminal no ha mejorado la seguridad ciudadana. Es obvio que, además de atacar los efectos, necesitamos concentrarnos en las causas del auge delictivo y trabajar en su origen. Necesitamos equipar mejor a nuestros policías en la más amplia acepción de lo que significa “equipar”. Mejores armas y vehículos, pero también mejores  criterios de investigación  y un cedazo más fino para la depuración y profilaxis.

El Estado está obligado a invertir recursos en el fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta ante el mal, con el mismo énfasis que lo hará para recuperar la economía. Los botines decomisados a narcotráfico y  lavado de activos podrían proveer parte de los fondos, para afinar la  inteligencia y prevención. La represión es  parte de la tarea pero no lo es todo. Ataquemos el mal en sus causas sin descuidar los efectos.

Más estímulo para las pymes

Un plan de estrategias para impulsar el desarrollo necesariamente tiene que dedicar capítulos especiales para mejorar  la incierta situación de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el año recién pasado, el sector de las mipymes decayó un 30% debido a la crisis global, pero también porque no se cumplió con el mandato de una ley que dispone que un 20% de las compras estatales favorezca a las firmas clasificadas como mipymes. A esto sumemos las dificultades que tienen estas empresas para tener acceso al crédito.

Las mipymes generan una proporción importante del empleo. Son células vitales del tejido económico que requieren estímulo. Los bienes y servicios que ellas producen deben tener mercado asegurado. El Estado no debe violar su propia regla de cubrir con las mipymes un 20% de sus demandas de bienes y servicios. Un plan de estrategias de desarrollo necesariamente tiene que enfocar su mira  hacia las mipymes.