En la República Dominicana, el usuario de la energía eléctrica es víctima de perjuicios y abusos por partida doble, pues aparte de que se le cobra una tarifa injustamente alta, la facturación de muchos clientes, en distintas ocasiones, se hace en base a patrón de consumo, en vez de lectura de «contador», y teniendo entre sus variables determinantes el índice de cobrabilidad de la energía servida.

Los inversionistas del mercado eléctrico prorratean entre los usuarios buenapaga los montos correspondientes a energía servida y no pagada por los usuarios morosos. Esta penalilzación a la honradez y el buen cumplimiento es una de las peores aberraciones en el mercado de la energía, pues aparte de significar una especie de impuesto a la solvencia moral y económica, constituye un culto a la deficiencia de los sistemas de cobro de los distribuidores.

Debido a que ese comportamiento cuenta con la anuencia del sector oficial, que no ha sido capaz de imponer justeza en el trato que el mercado energético da a los usuarios, no es nada extraño que ahora la Superintendencia de Electricidad afirme que no es factible traspasar a los consumidores las bajas experimentadas por la cotización del dólar y los precios de los hidrocarburos.

Los déficits del mercado eléctrico, que en gran parte son fruto de su incapacidad para cobrar efectivamente la energía servida, tienen que ser cubiertos con la penalización que significa el hecho de no indexar la tarifa en función del comportamiento de los mercados cambiario y de hidrocarburos.

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Todo esto concuerda con la parsimonia que el sector oficial ha exhibido en todo momento, cuando los distribuidores de energía han recurrido a los «apagones financieros» para compensar su incapacidad de cobrar efectivamente, lo que impone a los usuarios buenapaga un injusto castigo.

La Superintendencia de Electricidad, al afirmar que no es posible indexar la tarifa eléctrica en función del abaratamiento del dólar, debería explicar si el déficit de entre US$25 y US$30 millones de dólares en el sector eléctrico es fruto del no pago de la energía o de la deficiencia en los cobros por parte de los inversionistas.

No ha habido forma de que el Estado enfrente con decisión las aberraciones del mercado energético, sus frecuentes desplomes, la inconsistencia de sus servicios, el trato desconsiderado y abusivo a los usuarios y la tendencia a mantener el sistema de penalizaciones al cumplimiento.

Somos los primeros en demandar que cada usuario pague por la energía que consume, pero también demandamos que se cobre por este elemento un precio justo y que no se cargue a los que bien pagan la morosidad de los que no pagan.

El Gobierno debería exigir que el mercado energético se provea de estructuras de cobro realmente eficientes y prohibir, para siempre, que se cobre a muchos clientes por patrón de consumo en vez de lectura de medidor. Hay que establecer reglas claras y firmes para que los usuarios reciban compensación por las horas de apagones, de manera que se acrediten a su favor los montos correspondientes a las horas de interrupción de la energía.

Por lo pronto, es de justicia que el Gobierno haga traspasar a beneficio de los usuarios los desmontes de la tasa de cambio del dólar y las bajas de precio de los combustibles.