Hay un aspecto de la administración del Presidente Fernández que sus apologistas pasan por alto, sospechosamente, mientras sus opositores tampoco quieren reconocer: los procesos judiciales contra los ex-banqueros que quebraron fraudulentamente en 2003 han ido resolviéndose sin que haya impunidad.

Aún cuando una buena parte del Gobierno prefiera que no se le reconozca este mérito, pues quizás la Justicia ha imperado “a pesar de” y no “gracias a” muchos funcionarios de esta administración, el hecho es que hay ex-banqueros condenados y presos.

Y a otros, como los del Banco Mercantil y el Banco Universal, quebrados en distintas épocas por causas parecidas, está por llegarles su hora.

Esta semana, quienes seguimos esos procesos hemos visto cómo al ex-presidente del Banco del Progreso no sólo se le sigue juzgando penalmente en Santo Domingo, sino que el miércoles un tribunal de los Estados Unidos lo condenó a pagar casi US$79.7 millones a los accionistas que le demandaron por robo para recuperar activos que ese ejecutivo habría transferido a sus cuentas personales.

La sentencia de la juez Mary Barzee Flores, del tribunal del Circuito Once del Condado de Miami, indica que el condenado “a sabiendas y sin conocimiento, consentimiento o autorización de los demandantes, se apropió irregularmente de fondos pertenecientes a éstos, para su propio uso y/o para el uso y beneficio de varias de sus compañías” por lo que su “intención delictuosa” quedó “probada”.

Pese a todos los privilegios que logran con su dinero, otros condenados por las quiebras bancarias duermen en Najayo, cumpliendo sentencias y pagándole a la sociedad por sus culpas.

La verdad es que la impunidad, o falta de castigo a las violaciones de la ley, afecta prácticamente todas las áreas de la vida de los dominicanos.

Desde el olímpico desprecio por las leyes de tránsito que exhiben muchos conductores hasta la folklórica actitud de los policías frente a cuyas narices los motoristas se roban la luz en rojo de los semáforos, la impunidad se desborda hasta casi todos los lugares públicos, con flagrantes ejemplos que a veces pasan desapercibidos o son tratados con displicencia porque se trata de cosa ordinaria.

Quizás la mejor manera de contribuir a que tengamos un mejor país, donde se respeten las leyes y desaparezca la impunidad, es que cada agraviado recurra al amparo de la Justicia para reclamar el respeto a sus derechos.