RAFAEL VENTURA
Aunque el caso cayó fortuitamente para la nueva gestión del Doctor Euclides Gutiérrez Félix al frente de la Superintendencia de Seguros era «un secreto a voces» que corría impotente desde el despacho del entonces presidente Hipólito Mejía, abandonaba la escalinata del Palacio Nacional, se dirigía hacia el oeste de la avenida México, tocando la puerta del anterior incumbente de Seguros, el «secreto» como un torbellino cruzaba la acera y se introducía en la sede de quienes constitucionalmente están investidos para «resguardar el orden público», buscando quien lo escuchara para poner fin a tan malsana práctica.

Pero como no había la voluntad política en el entonces ejecutivo del Palacio Nacional, el jefe administrativo de la Superintendencia de Seguros «se lavaba la mano, como Pilato, la participación vergonzante de los grises de Marte Martínez (quien en su gestión policial cuando la sociedad le reclamaba un alto a la creciente delincuencia daba como respuesta una sonrisa que recordaba la época del vodevil), el escandaloso delito rebotaba como una pelota de goma y en la sombra crecía como un iceberg que nada más enseñaba la punta pero por debajo tenía un tamaño tan monstruoso que su funesta consecuencia era difícil de medir.

El escándalo-destape se produjo por la denuncia de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras (Cadoar), quien ofreció los dramáticos datos de que hasta el 20 de octubre del 2004 3,852 vehículos habían sido robados, con un incremento en los últimos cuatro años de un 85 por ciento, en tanto que en el 204 se produjeron alrededor de 100 casos más que los verificados en el 2003.

La falta de voluntad política de la pasada administración perredeísta-pepehachista de Hipólito Mejía fue la institucionalización en los mandos policiales de una «mafia gris» que engavetaba o desaparecía las constantes denuncias de la Cadoar y de los propietarios de los vehículos robados.

A pesar de que en el año 2004 se sustrajeron más de 600 vehículos, dejando una pérdida aproximada a los 700 millones de pesos a las empresas del sector seguros, apenas la tasa de recuperación fue de poco más de 14 por ciento, lo que indicaba que hasta ese momento (noviembre del 2004) sólo se habían recuperados 80 vehículos, lo que significaba que 494 de ellos -casi el 85 por ciento- seguía de forma fraudulenta en manos de terceros.

El grave caso, aunque llegó sin esperarlo a la nueva gestión del Gutiérrez Félix, además de que sirvió para demostrar que en este segundo mandato del Presidente Leonel Fernández sí existía la voluntad política para perseguir la corrupción administrativa -y de paso callarles la boca a las voces agoreras que decían lo contrario-, fue un modelo de manejo pulcro y transparente, donde se respetó hasta lo imperdonable los derechos de los implicados en los hurtos, trazó la línea de acción del nuevo gobierno en su política anticorrupción, siendo el bisturí que abrió la herida para que brotara la pus que subyacía en el cuerpo social de esta nación, cuya descomposición ha creado una cultura de la vida fácil y del dinero rápido, relegando a un segundo plano al hombre o mujer laborioso (a) y honesto (a).

El manejo profesional y transparente del doctor Gutiérrez y sus colaboradores de la Superintendencia de Seguros motorizó a una opinión pública, sobre todo, a los medios de comunicación masivos, empujando con sus reportajes y opiniones a que al escandaloso caso no se le tirara el manto de la impunidad. Así quedó consignado en el juicioso pero firme editorial del prestigioso matutino Hoy de fecha 6/9/2004 cuando expresa, luego de reconocer el éxito del plan de la Superintendencia de Seguros para lograr la devolución de decenas de vehículos de lujo que habían sido robados recuperados por la Policía Nacional y retenidos para provecho particular de oficiales de ese cuerpo, que «debe de ser el punto de partida para acciones dirigidas a desterrar prácticas que desacreditan la autoridad».

Por su p arte el doctor Euclides Gutiérrez Félix, una figura emblemática de la política nacional, en general, y del Partido de la Liberación Dominicana, en particular, con esa humildad y discreción que la caracteriza, pero con una firmeza y clarificación en su punto de vista, declaró que la orden de recuperar los vehículos tiene como objetivo recobrar la dignidad del Estado socabada en el anterior gobierno y que su usufructo irregular es una demostración del desorden que imperaba.

El destape de este caso, único en los anales de la corrupción policial de América Latina, hizo que el presidente Leonel Fernández, con esa visión de estadista moderno, considerara que «esa práctica se envuelve en el marco de la descomposición social que vive el país y que ha llevado al incremento de la delincuencia».